Declaración del Primero de Mayo de la CSI, 2010. De la crisis a la justicia mundial

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Décadas de desregulación, además de la codicia y la especulación del mercado libre, han sumido al mundo en una profunda recesión económica, con repercusiones terribles para los trabajadores y sus familias en todo el planeta. Se han perdido 34 millones de puestos de trabajo, y no se avizora el fin. Con otros 64 millones de personas abocadas a la pobreza extrema, el afán por acabar con la pobreza mundial ha quedado aún más fuera de alcance.

Los años en que los gobiernos han esquivado su responsabilidad de gobernar deben llegar a su fin. Ya no puede dejarse que sean los bancos y los especuladores financieros los que gobiernen la economía mundial, o que simplemente remitan la factura a los gobiernos cuando su incompetencia y codicia acaba por sumir a la economía mundial en el caos. Todos aquellos que se han beneficiado tanto y durante tanto tiempo de la destrucción de los medios de vida y del saqueo de los recursos de la tierra deben ser obligados a rendir cuentas, y los responsables de los delitos económicos deben ser castigados. Los gobiernos han desembolsado miles de millones de dólares para rescatar a los bancos. Sin embargo, incluso en lo más profundo de esta recesión, una vez más los banqueros y financieros siguen sacando de la economía enormes sumas de dinero sin tener en cuenta el daño que hacen. Se ataca a las monedas, han vuelto las bonificaciones multimillonarias y la especulación financiera de nuevo está a la orden del día, mientras que la economía real se ve despojada de los medios para conservar y crear empleo. El casino global se mantiene abierto para los negocios, y son las personas las que todavía están pagando el precio, ya que su futuro económico se compra y se vende para satisfacer la avaricia de otros. Mientras tanto, la brecha entre ricos y pobres sigue ahondándose, sumándose a los años de creciente desigualdad que a su vez ayudaron a provocar la crisis. Los gobiernos tienen que asumir su obligación de gobernar en el interés de las personas, poner las finanzas al servicio de la economía real, crear puestos de trabajo decente y garantizar que todos los empleadores respeten los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Deben reclamar, imponiendo gravámenes a los bancos y las finanzas, la riqueza que se necesita para poner orden en la economía mundial y costear los gastos destinados a acabar con la pobreza y a parar el catastrófico cambio climático. Si los gobiernos fallan en cumplir con su deber y no velan por las necesidades de los vulnerables y los marginados, los conflictos sociales no dejarán de hacerse sentir en una escala nunca vista desde hace décadas. Exigimos que los gobiernos vuelvan a ocupar su lugar central, que se revierta la erosión de la democracia en nombre del capital, y que todos aquellos que han tenido y siguen detentando el poder por medios antidemocráticos se sometan a la voluntad de los ciudadanos. Toda persona debe estar facultada para cumplir con sus aspiraciones, para ella y para las generaciones venideras. Debe dársele la oportunidad de construir una vida digna a través del trabajo decente y a través de servicios públicos que respondan a sus necesidades. Son los gobiernos los que rescataron el sistema financiero global, trabajando unidos para arreglar el desorden causado por el desmantelamiento de la regulación que ellos mismos propiciaron y por la codicia de los banqueros. Ahora, son los gobiernos los que deben mantener el rumbo. Deben rechazar las exigencias de retirar el apoyo a las economías frágiles y hacer recortes devastadores en el gasto público. Tienen que avanzar juntos sin más demora para controlar y regular las finanzas. La alternativa es otra recesión, más profunda todavía, que llevaría a la humanidad a una miseria aún mayor. El enorme déficit en materia de gobernanza democrática mundial no se limita a la persistente crisis económica. Con el abyecto fracaso de los gobiernos en la Cumbre de Copenhague sobre el clima, la Tierra se está aproximando aún más rápidamente hacia un cambio climático catastrófico. Por tanto, la necesidad de una transición justa de gran alcance hacia una economía mundial verde es más urgente de día en día. Los gobiernos tienen el poder, pero también deben tener la voluntad de hacer que el mundo dé marcha atrás ahora que se encuentra al borde del desastre ambiental. Las repercusiones del cambio climático afectaran más gravemente al mundo en desarrollo, sumándose al terrible historial de negligencia respecto a las necesidades de los países más pobres y al incumplimiento de los objetivos establecidos y los compromisos asumidos por los países más ricos para poner fin a la pobreza en el mundo. Se requiere una nueva agenda internacional para el desarrollo, una agenda que ayuda a los países más pobres del mundo a salir de la pobreza, a desarrollar la democracia, la responsabilidad y el respeto de los derechos humanos y sindícales y a crear puestos de trabajo decente y sostenible para todos y todas. Las estructuras y políticas del Banco Mundial, el FMI y la OMC deben transformarse fundamentalmente para situar el trabajo decente en el epicentro y apoyar el resurgimiento de la responsabilidad y gobernanza democráticas en cada país y a nivel mundial. La OIT debe encontrarse en el centro de la nueva gobernanza internacional, que trabaje en el interés de las personas y garantice un futuro sostenible y equitativo para la humanidad. El movimiento sindical internacional se ha movilizado para arremeter de frente esta crisis. Nos hemos movilizado para exigir una reforma fundamental, y hecho nuestra la causa de las mujeres y los hombres trabajadores ante el G20, la Organización de las Naciones Unidas y las instituciones mundiales. Vamos a seguir adelante con nuestra campaña a favor de la justicia global, para desmantelar la corrupción y los excesos y construir nuevas bases. A partir de esta crisis es preciso crear una nueva economía mundial que: • Genere trabajo decente y respete plenamente los derechos sindicales de todos; • Se base en una gobernanza mundial eficaz, democrática y responsable que dé prioridad a las necesidades de las personas; • Garantice una regulación financiera sólida, que ponga las finanzas al servicio de la economía real y la economía real al servicio de las personas; • Garantice el respeto de los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras y ponga fin a la pobreza, la desigualdad, la discriminación y la explotación; y • Contribuya al desarrollo sostenible a través de la inversión verde y los empleos verdes. El reto que tenemos ante nosotros es uno de los mayores a los que el movimiento sindical ha tenido que enfrentarse en el curso de su historia. Estamos muy orgullosos y confiamos en nuestra tradición de solidaridad, que hoy es más fuerte que nunca y nos da los fundamentos para convertir en realidad nuestra aspiración por un mundo basado en la democracia, la justicia, la igualdad y la sostenibilidad.

LSB-USO
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