EL ERE LO PARO EL SINDICATO USO.

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Con fecha 2 de diciembre de 2010, la Inspección de Trabajo del Ministerio remitió un informe a la Delegación de la Consejería de Empleo de la Junta en que daba cuenta de las alegaciones que el sindicato USO hizo al Expediente de Regulación de Empleo de la base de Morón de la Frontera, en el que se detectaron por parte de la central sindical un total de 31 trabajadores ajenos en ese momento a la empresa.

La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, Mar Moreno, manifestó ayer que la Junta de Andalucía tuvo una actuación «impecable» y paralizó el Expediente de Regulación de la base de Morón tan pronto como tuvo conocimiento de la eventual irregularidad, momento en el que la documentación fue trasladada a la Inspección de Trabajo, responsable de visar la vida laboral de los trabajadores afectados. Sin embargo, fue el sindicato USO el que detectó la existencia de 31 «intrusos», como ya informó ABC el 15 de diciembre del pasado año. Esta central sindical lo puso en conocimiento de la Inspección de Trabajo del Ministerio y este organismo lo comunicó a la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo.
Moreno señaló que cuando la Junta tuvo conocimiento de la denuncia de USO, la Delegación de la Consejería la trasladó a la Inspección de Trabajo.
Sin embargo, según la documentación que obra en poder de ABC, fue al revés. Con fecha 2 de diciembre de 2010, el jefe adjunto de la Inspección de Trabajo del Ministerio remitió un escrito a la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo en la que se hace referencia a las alegaciones que hizo USO al ERE de la base de Morón.
En la misiva, se indica que entre los 150 trabajadores para los que se solicita la autorización para la extinción de sus contratos se encuentran empleados que ya no prestan servicios en la empresa.
Altas y bajas
«A este respecto —dice al inspector— cabe señalar que examinados los contratos de trabajo de los 150 trabajadores potencialmente afectados y contrastados con las altas y bajas del Régimen General de la Seguridad Social, se ha detectado que un total de 31 empleados causaron baja en la empresa con posterioridad al acuerdo suscrito por ésta con la mayoría del Comité en fecha 23-11-2010».
En otro punto se subraya que «dicha irregularidad, a juicio del que se suscribe, vicia el contenido del acuerdo y constituye un indicio racional de fraude cuya valoración corresponde a la autoridad laboral a efectos de su remisión a los órganos judiciales para para recabar su nulidad conforme a lo dispuesto en el artículo 51-5 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por eal Decreto 1/1995 de de24 de marzo».
Con posterioridad a las actuaciones practicadas en las que se detectó la irregularidad descrita, prosigue el informe, comparecen en las dependencias el asesor jurídico y apoderado de la empresa y el presidente del comité, quienes hacen entrega al informante de un escrito suscrito el 01-12-2010 por todos los firmantes del acuerdo de fecha 23-11-2010 en el que se ratifican en el mismo solicitando la exclusión del listado de contratos a extinguir los correspondientes a los trabajadores que ya no prestaban servicio a fecha 23-11-2010, por lo que la solicitud de autorización de extinción queda referida, finalmente, a a 119 trabajadores».
Mar Moreno, consejera de la presidencia, insistió ayer en que la Junta de Andalucía, en relación con el ERE de la base de Morón, actuó exactamente igual que con Mercasevilla.

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