El sindicato USO Galicia denunció ayer presuntas «graves anomalías» en el proceso de adjudicación del contrato de tareas del servicio de limpieza y reclamó la anulación de toda la tramitación. Este sindicato calificó la iniciativa del gobierno de Marín como una «privatización parcial» del servicio de limpieza viaria, donde se pretendía cubrir diez puestos con empresas que ocupasen personas discapacitadas y un coste aproximado de 70.800 euros.
Según USO, el proceso fue paralizado por informes contrarios de los servicios jurídicos del Concello. La versión sindical era que las tres empresas invitadas a esta adjudicación «estaban relacionadas entre sí» y que, por lo tanto, «no había concurrencia competitiva».
La edila de Medio Ambiente, la nacionalista Pilar Blanco, evitó ayer valorar estas críticas.
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