Los sindicatos actúan contra la impunidad en Guatemala

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USO ha participado en la II Conferencia Internacional contra la Impunidad en Guatemala que se ha celebrado los días 21 y 22 de julio. La Conferencia fue organizada por la CSI y la regional americana CSA, en colaboración con los sindicatos guatemaltecos, CGTG, CUSG, UNSITRAGUA, y el Movimiento de Trabajadores Campesinos de San Marcos, además de otras organizaciones sociales y sindicales.

Junto a USO, que estuvo representada por Santiago González del Área Internacional, participaron sindicatos de todas partes del mundo.
En las sesiones se revisó la situación de violencia impune que sufre el pueblo guatemalteco y en concreto la que afecta al movimiento social, indígena, campesino, y a los sindicalistas del país.

La Conferencia empezó con la triste noticia de los asesinatos de otra compañera sindicalista y una líder social. Desde el año 2007, ha habido 53 asesinatos de sindicalistas. Todos impunes. Guatemala es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer los derechos sindicales y, por su población, en términos relativos, supera a Colombia.

En la I Conferencia, celebrada en el año 2008, el actual Presidente de Guatemala, Alvaro Colom, se comprometió a intensificar las tareas de investigación y enjuiciamiento contra los crímenes, apoyando al movimiento sindical para que pudiera tener menos restricciones para desarrollar su actividad, y a mejorar el presupuesto en la inspección laboral para que ésta pudiera cumplir su misión contra los abusos que existen en Guatemala.

Poco o nada se ha hecho. De ahí que la CSI promoviera en el año 2008 una misión de sindicalistas y de líderes del movimiento indígena y campesino por Europa que divulgara la falta de compromisos reales de su Gobierno y la patronal para lograr un desarrollo económico inclusivo, con políticas redistributivas -la tenencia de la tierra mayoritariamente pertenece a grandes terratenientes y empresas multinacionales y además no hay una política fiscal digna de ese nombre-, con normas laborales y sociales ancladas en el derecho y con un aparato de Estado, sin corrupción, que funcione.
Los incumplimientos forzaron en la reciente Conferencia de la OIT, de junio de este año, a que se hiciera público en la Comisión de Normas, unos párrafos condenatorios que pueden tener consecuencias en las relaciones comerciales de Guatemala con terceros países.

En la II Conferencia contra la Impunidad se constató que Guatemala había ratificado la mayoría de los Convenios fundamentales de la OIT, incluido el nº 169 sobre Pueblos Indígenas. Sin embargo, los problemas no lo son tanto de ‘normas de derecho’ como de aplicación efectiva de las leyes, o como de limitación del presupuesto que tiene la administración judicial y laboral para aplicarlas, o como de la voluntad política y lucha contra la corrupción en un país asaltado por el narcotráfico y la pobreza, sin instrumentos redistributivos.

En la Conferencia hubo presentaciones de gran calado como la de los representantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de la Procaduría de DDHH, de la Delegación Regional de la OIT, o la de la Fiscal del Estado, Claudia Paz, recientemente elegida, muy comprometida en la persecución de las ilegalidades. Entre las destacadas de los sindicalistas, se produjo la de Víctor Báez, Secretario General de la CSA.

Fruto de la labor de los organizadores, diversos candidatos a la Presidencia de Guatemala en las elecciones que se celebrarán en septiembre de este año, rubricaron en la misma Conferencia, un escrito en el que se comprometían a cumplir y hacer respetar las normas de trabajo.

Finalmente, los sindicalistas reunidos en la Conferencia suscribieron una declaración para vigilar la realidad guatemalteca y el compromiso de los gobernantes de Guatemala en el cumplimiento de las normas laborales y su lucha contra la corrupción y la violencia. Para ello, a continuación de la misma, fruto de las discusiones que hubo, se establecerá un Plan de Acción local e internacional, para su desarrollo.

Foto: Claudia Paz, Fiscal del Estado, Guatemala, 2011

LSB-USO
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