Una vez que España tiene un nuevo gobierno que está ya gobernando y manejando sus tiempos políticos para tratar de embridar la crisis económica, no conviene olvidar asuntos pendientes también de orden político y de arquitectura institucional que pesan sobre España.
Es opinión generalizada que la normativa electoral debe ser modificada para que la representación parlamentaria se ajuste más a la realidad que los ciudadanos manifestamos en las urnas.
Se ha hablado y mucho de cómo las circunscripciones provinciales, dónde se eligen pocos diputados, penalizan a partidos de ámbito estatal que ven como el conjunto de los votos obtenidos no tiene un reflejo proporcional en su presencia en el Congreso. O como partidos nacionalistas que concurren en más de una Comunidad Autónoma, siempre juegan con la búsqueda de interpretaciones generosas del Reglamento para configurar su propio grupo parlamentario.
Desde la USO venimos manifestando que hay que proceder a un cambio de nuestra normativa electoral para buscar un mayor equilibrio y proporcionalidad entre los votos recibidos y la representación que estos otorgan. Pero este cambio sería insuficiente si sólo afectase a la vida política olvidando que esta misma situación, agravada, se da en el mundo sindical.
La vida política y sindical de este país gira en torno a un bipartidismo y un bi sindicalismo que a nuestro juicio está ahogando la participación social y que no refleja la pluralidad política y sindical existente en nuestra sociedad.
Hemos concluido recientemente una legislatura en la que el quehacer del grupo parlamentario que ha sustentado el gobierno, ha sido la busca de la aritmética parlamentaria mediante el apoyo en grupos minoritarios cuyos intereses no siempre se corresponden con los del conjunto de la ciudadanía del Estado. Así, a veces, la parte impone sus condiciones al todo, primando más el legítimo interés de una parte frente al interés general del conjunto.
De igual manera, la actual normativa, ha consolidado un bisidincalismo monocolor, que no ha reaccionado ante la gravedad de la crisis económica y de empleo existente, alejado del sentir de los ciudadanos y dando la impresión de estar más al servicio de las políticas del Gobierno que ser instrumentos para corregir las desigualdades sociales que se han producido en España y muy especialmente para remediar la situación de los más de 5 millones de desempleados.
Creemos necesario que se produzca una verdadera regeneración de la vida pública en nuestro país, y por ello la USO pide a los partidos políticos y al resto de organizaciones sindicales y empresariales, que por encima de los intereses particulares de las organizaciones que representamos deben estar los intereses generales de los ciudadanos que decimos representar. A ellos nos debemos y ante ellos tenemos que responder, por eso urgimos a que ante la actual situación de crisis económica en la que estamos inmersos, seamos ejemplares en la gestión de los recursos públicos. Debemos gestionarlos bajo criterios de austeridad en el gasto y de autofinanciación. Ello conllevaría la definición de un nuevo modelo de financiación basado en estos principios.
Es necesaria la regeneración, el cambio, del modelo sindical vigente, que prima a los que ya tienen la condición de más representativos (CCOO-UGT) y a sindicatos cuyo ámbito de actuación es una Comunidad Autónoma (ELA, CIG, LAB) dándoles el derecho de actuación sindical en toda España, a la vez que discrimina a Sindicatos de ámbito estatal como la USO que se ven privados del reconocimiento de “sindicato más representativo” y de las prerrogativas derivadas de la citada condición. Esto supone que organizaciones sindicales con menos representantes que la USO, en algunos casos la mitad, tenga la consideración de Sindicato “más representativos” y plenos derechos de participación Institucional, Negociación Colectiva y Promoción Electoral en el conjunto del Estado, mientras que a la USO siendo tercera fuerza sindical en implantación se nos niega.
Urgimos un cambio de la actual normativa electoral tanto en el ámbito político como sindical, tendente a que los resultados de los procesos electorales y el computo de los mismos permita una mayor participación de las organizaciones que hoy se consideran minoritarias y que acreditan, en muchos casos, una audiencia electoral mayor que otras que circunscriben su ámbito de actuación a un determinado ámbito territorial. Esta modificación conllevaría fijar como mínimo de referencia la obtención del mismo porcentaje de audiencia electoral para las organizaciones sindicales y políticas. ¿Cómo es posible que para el ámbito político se atribuya un escaño en el parlamento con el 3% de los votos emitidos, y para ámbito sindical se nos requiera el 10%?
El cambio que proponemos debe hacer posible que los procesos electorales en el ámbito sindical faciliten su objetivo, que es la existencia de representación legal de los trabajadores y trabajadoras en la empresa. Por ello es imprescindible eliminar la actual discriminación existente en la promoción de las elecciones sindicales. Toda organización sindical debe tener plena capacidad para promover elecciones sindicales y participar en ellas. No se puede limitar este derecho, como sucede actualmente, a unos en beneficio de otros. En una verdadera democracia todos tienen los mismos derechos y la legislación debe consagrar el principio de igualdad.
José Luis Fernández Santillana (Secretario de Relaciones Instituciones y Comunicación. Unión Sindical Obrera).
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