Las organizaciones sindicales USO, CCOO, UGT y CSIF, junto a representantes del Consejo General de la Abogacía y el Consejo de Consumidores y Usuarios, miembros de la Plataforma Justicia para Todos, se han reunido con la Defensora del Pueblo para pedirla que promueva recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas por considerar que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 24.1 de la Constitución española.
Ramón Salaices, en representación de la USO ha manifestado que “esta ley de tasas judiciales con su marcado afán recaudatorio vulnera preceptos constitucionales, en cuanto a la tutela judicial efectiva y derechos fundamentales como es el acceso a la Justicia por parte de todas las personas”.
Además de ratificar los motivos de inconstitucionalidad ya invocados por el Consejo General de la Abogacía de España y por el Consejo se Consumidores y Usuarios, los sindicatos consideramos que si bien trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social están exentos del pago de tasas en la interposición de los recursos de suplicación y casación por gozar del beneficio legal de justicia gratuita, la Ley 10/2012 ha introducido en el artículo 4 una alusión de la que resultaría que en el Orden Social no se aplicarían las exenciones, y el único tratamiento que mitigaría el pago de la tasa en el Orden Social sería la reducción del 60% en su cuantía y sólo para los trabajadores autónomos o por cuenta ajena, y no otros sujetos, incluidos los sindicatos o las representaciones colectivas de los trabajadores en la empresa, que estarían en todo caso sujetos al pago íntegro de la tasa.
Los sindicatos consideran que la Ley 10/2010 también vulnera el derecho de libertad sindical reconocido en el artículo 28.1 de la Constitución, y piden a la Defensora del Pueblo, que además de que decida la interposición del recurso de inconstitucionalidad inste la intervención del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, del Ministerio de Justicia y del Consejero General del Poder Judicial, en relación con los criterios de interpretación y aplicación de la ley 10/2012.
La Plataforma Justicia para todos iniciará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para que solicitar que promuevan el pertinente recurso de inconstitucionalidad.
