Primera Sentencia contra el recorte de la paga extra

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La Plataforma Sindical de Empleados Públicos ha asegurado que “se inicia un nuevo periodo” tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha reconocido a la plantilla de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) el derecho a ingresar los 14 días mensuales devengados de la paga extraordinaria de Navidad entre enero y julio de 2012, antes de la entrada en vigor del decreto que la suprimía.

En la reunión de la Plataforma, celebrada en la sede de la USO han estado presentes representantes de 20 organizaciones sindicales.

El secretario de Acción Sindical de la Federación de Empleados Públicos de la USO (FEP-USO), Leonardo Barreda, ha dejado claro que la sentencia de Madrid “abre las puertas a la aplicación de esta decisión en todas las administraciones públicas”, lo que podría suponer un desembolso de unos 33 de millones de euros para el Estado.

Para la Plataforma de los Empleados Públicos esta decisión es el punto de inflexión que marca además un cambio de fase en sus reclamaciones y protestas. Tras una primera etapa en la que se han presentado recursos contra la supresión de la paga extra de los funcionarios de la Administración Central (ministerios y Agencia Estatal de la Agencia Tributaria), los sindicatos abordarán una segunda fase que afectará a su personal laboral. Según han concretado los portavoces de la Plataforma, se presentarán nueve conflictos colectivos que afectarán a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Correos, Renfe, Agencia Tributaria, AENA, Patrimonio del Estado, Museo del Prado, Boletín Oficial del Estado (BOE) y Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed).

Además, la plataforma estudia ya una tercera fase en la que se podrían presentar recursos en todas las comunidades autónomas y en la administración local, así como a través de “otras vías judiciales”.

Leonardo Barreda, ha adelantado que los sindicatos de la función pública están estudiando desarrollar una serie de acciones de protesta a nivel provincial “a primeros de marzo”, en las que pretenden involucrar a los funcionarios de todas las administraciones públicas. Las concentraciones de los empleados públicos podrían coincidir con la jornada de acción que los sindicatos preparan para ese mismo mes en coordinación con otros países europeos, para protestar contra la política económica del Gobierno.

Adjunto: Sentencia

LSB-USO
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