Privatización de Servicios Públicos: ¡Peor control, contratos “basura” y corrupción!

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Hace pocos días tuvimos la oportunidad de conocer un ejemplo claro de lo que supone la privatización de los Servicios Públicos, es lo que ha pasado en Navarra, donde la comida que se servía en hospitales públicos de esta comunidad estaban contaminados. (Ver noticia), la comida por si había alguna duda la servía una empresa de catering privada.

Este tipo de externalización se está generalizando en los Hospitales de todas las CCAA. ¡Privatizar para empeorar! Antes había un control más directo del propio Hospital, con supervisión médica diaria, tanto en la comida, como en el personal que la confeccionaba. Ahora se hacen los controles que considere oportunos la empresa (¿). Por supuesto, sin ninguna supervisión sanitaria oficial del personal que trabaja a su servicio, aunque eso sí, pagando míseros sueldos a sus trabajadores y/o reduciendo la calidad y cantidad de las comidas, ya que tienen que tener beneficios. ¡¡Eso es la privatización!! Peor calidad, más beneficios privados.

Todo esto se produce por buscar fuera de los servicios públicos productos y servicios más baratos, que a la larga son más costosos y como podemos constatar, peligrosos para la salud de los ciudadanos.

Esto, como otras muchas alteraciones en los Servicios a los ciudadanos, provocadas por una austeridad llevada al máximo en las AAPP (sin contrataciones o despidiendo a trabajadores), o bien, por intento de abaratar costes económicos a costa de: Reducción de efectivos en seguridad, bomberos, colas de espera en las Administraciones, reducción de las prestaciones económicas, eliminación de derechos sociales, aumento de las listas de espera en la sanidad, peor atención y masificación en los centros educativos, etc..

No todo vale en nuestra sociedad, o así pensamos desde la USO. Estamos viendo día a día, que la austeridad utilizada sin ningún tipo de criterio, solo está sirviendo para empobrecer a la sociedad y dejarla con unos servicios públicos mínimos, y muchas veces precarios.

Todo esto viene a colación de un Informe de la PSI (Internacional de Servicios Públicos), presento a la OIT (Organización Internacional del Trabajo), el pasado mes de junio.

En este informe se hace un resumen de situaciones que en el mundo se están generando en base a la presión de los “mercados” e instituciones financieras, los gobiernos utilizan sus mismos argumentos económicos, para desmantelar los Servicios Públicos. El modelo social europeo tal como lo hemos conocido, está desapareciendo, ahora se prioriza los beneficios de empresas y bancos, en lugar de pensar y gobernar para las personas.

Las privatizaciones del Sector Público, con subcontrataciones y contratos temporales en precario, son hoy en día una constante en nuestras AAPP. Esto puede suponer romper el “molde” de una Administración Pública independiente, cuyo único objetivo sea proporcionar servicios públicos de calidad a nuestra sociedad.

Por otro lado, también desaparecerá uno de los papeles importantes de nuestra Administración, dar ejemplo al resto de empresas privadas, en materias tan importantes como: Políticas de igualdad real, mejora en la salud laboral, equiparación salarial, igualdad de oportunidades a la hora de acceder a un puesto de trabajo mediante Ofertas de Empleo Público, eliminación o disminución de los contratos precarios, contratación pública, etc.

Por cierto, este último punto es importante, ya que la contratación pública es un gran motor de la economía. Y su paralización, ha supuesto la eliminación de multitud de puestos de trabajo a través de las empresas adjudicatarias (más de 300.000 se calcula en algunos estudios).

Aunque llegados a este punto, no podemos dejar de hablar de corrupción. O mejor en mayúsculas: ¡¡CORRUPCIÓN!!

Esto es uno de los problema que la austeridad está haciendo crecer. En España, por desgracia hemos visto multitud de casos, donde los políticos de todo tipo (gestores públicos, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, partidos políticos, etc.), han generado un grado de desconfianza muy elevado, para una sociedad democrática como la española, basada precisamente en los partidos políticos

Podemos hablar de multitud de casos: Caso Barcenas, caso Liceo en Catalunya, caso Filesa, caso Baleares, caso C. Valencia, operación campeón en Galicia, etc., por no hablar de multitud de “casos” que se han dado en miles de Ayuntamientos.

No puedo dejar de hablar de los ERE´s en Andalucía, donde por desgracia se ha destapado una trama en la que participa el Gobierno de la Junta y un sindicato. Y que además, según se está publicando en los medios de comunicación, también hacían trampas en la formación.

Esto último, me duele mucho más, ya que los sindicatos debemos ser un ejemplo claro para la sociedad, de transparencia, honradez y solidaridad. Jugar con dinero ajeno un sindicato, es caer en principios morales muy bajos.

En cuanto al tema de la formación, se está destapando algo que la USO, ha argumentado durante muchos años y es el uso fraudulento de los fondos de formación.

En la FEP-USO, siempre nos hemos preguntado lo mismo cuando se discuten el reparto de fondos de formacidad. Jugar con dinero mos preguntado lo mismo cuando se discuten el reparto de fondos de formacidad. Jugar con dinero ón ¿como es posible si existe una valoración técnica de los programas de formación, que UGT y CCOO reciban el mismo importe? ¿Cómo es posible que coincidan al 100% en las cantidades que reciben? ¿Por qué la USO es siempre la elegida para las inspecciones sobre el gasto y el desarrollo de los programas formativos? En este punto, nunca hemos tenido problemas, ya que cumplimos los requisitos escrupulosamente, incluso hemos recibido dos premios a la calidad de nuestros cursos, pero nos preguntamos: ¿es que no se hacen controles a TODOS los sindicatos? ¿ Solo a la USO?.

La corrupción es un veneno que destruye la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, los gobiernos y la misma democracia. La verdadera democracia exige respeto y condiciones justas e igualitarias para cada ciudadano y ciudadana.

El pago de sobornos para obtener contratos pervierte las decisiones relativas a políticas públicas, desviando el dinero público a personas corruptas. La corrupción a gran escala por parte de políticos y empresas, pervierte el propio Estado.

Adjunto un documento resumen de las propuestas de la PSI, que como conclusiones finales, con la que estamos en total acuerdo, y que hace entre otras muchas recomendaciones las siguientes:

– Todos los trabajadores del servicio público deberían recibir un salario digno que les permita vivir y sea suficiente para eliminar el incentivo de utilizar de manera corrupta su cargo.
– Las decisiones políticas no deberían influir en el nombramiento, la evolución profesional, la sanción o el despido de trabajadores del servicio público.
– Todos los empleados del servicio público deberían estar sujetos a un código disciplinario que incluya sanciones severas en casos de corrupción.
– La formulación de políticas públicas no se debería externalizar a consultores.
– Los consultores o intereses empresariales privados no deberían formar parte de organismos responsables de decisiones con respecto a políticas públicas o la asignación de contratos públicos, como las unidades de APP.
– Los bancos y donantes internacionales no deberían exigir ninguna forma de privatización como condición para ayudas o préstamos.
– Los procesos para la compra de productos o contratación de servicios deberían ser totalmente públicos y transparentes.
– Se debería prohibir a una empresa participar en la licitación para contratos públicos si la empresa, o su empresa matriz, empresas filiales o asociadas, han sido condenadas por corrupción en algún país o utilizan paraísos fiscales.
– Los organismos de auditoría pública y su personal deberían estar bien protegidos de la injerencia política o comercial (Organismos de control: AEAT, Intervención, Justicia, etc.)
– Los organismos de auditoría pública deberían contar con amplios poderes para exigir la divulgación.
– Se debería permitir y exigir a los organismos de auditoría pública que publiquen y divulguen sus conclusiones y promuevan respuestas públicas.
– La legislación sobre la libertad de información debería exigir la divulgación a todos los ciudadanos de todo tipo de información sobre las finanzas públicas, incluidos los salarios en el servicio civil y las condiciones de todos los contratos.
– Sanciones legales:
– Las sanciones por corrupción deberían incluir la prohibición a largo plazo de que se adjudiquen contratos a ciertas empresas y cualquier empresa matriz, filial, asociada o sucesora.

LA CORRUPCIÓN ES CONTRARIA A LA DEMOCRACIA.

Por una sociedad más justa:

¡¡Defiende TUS Servicios Públicos!!

¡NO, a las privatizaciones, ni a las externalizaciones!

LSB-USO
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