La Unión Sindical Obrera, junto con una treintena de asociaciones y formaciones, han remitido una carta (lee el documento íntegro) dirigida al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro de Asuntos Exterior y Cooperación, José Manuel García Margallo, solicitando la suspensión indefinida de las transacciones de armas con Israel.
En esta carta, las organizaciones firmantes expresan su firme respaldo a la decisión del Gobierno de suspender temporalmente la venta de armas a la potencia responsable de la matanza de civiles en Gaza. “Sin embargo, para ser coherente y eficaz, esta medida deber mantener y profundizarse. No cabe la menor duda de que, en caso de reanudar sus transacciones armamentísticas con Israel, las armas exportadas a ese país serán utilizadas para cometer graves violaciones del derecho internacional. También es evidente que las armas que el gobierno compra a Israel son armas que han sido testadas contra civiles palestinos, en vulneración del Derecho Humanitario Internacional. Por ello, esa decisión de suspender temporalmente la venta de armas tiene que convertirse en una suspensión indefinida de cualquier compra venta de armas con esta potencia ocupante hasta que respete la legalidad internacional, en especial la IV Convención de Ginebra”.
Si el gobierno español, como ha manifestado en varias ocasiones, quiere contribuir al alcance de una paz justa y sostenible en Palestina, es necesario que ponga los medios para ello, y que adopte medidas que rompan la espiral de violencia armada institucional que desestabiliza la región, arranca la vida a miles de víctimas inocentes e indigna a millones de personas alrededor del mundo, como se ha evidenciado este verano en las calles de más de cuarenta ciudades del estado. La suspensión indefinida de las transacciones de armas con Israel es el comienzo de este camino.
Defensa del derecho internacional
Desde hace tiempo las organizaciones de la sociedad civil han reclamado a los gobiernos que sean más coherentes en su defensa del derecho internacional y que, ante la ocupación ilegal de Palestina que se remonta a varias décadas, impulsen medidas de diversa índole que traduzcan sus declaraciones de principios en actos concretos que demuestren su voluntad de impedir la razón de la fuerza de la potencia ocupante israelí.
Como se ha venido demostrando a lo largo de las últimas décadas, la estrategia colonial israelí consiste en anexionar ilegalmente el territorio palestino sin hacerse responsable de la población autóctona palestina que lo habita. Ante las continuas expropiaciones y confiscaciones de tierras árabes y palestinas por el estado israelí y sus esfuerzos por deshacerse de la población palestina, empobrecerla y arrojarla a la caridad internacional, es necesario y urgente que los gobiernos de la Comunidad Internacional velen por la defensa del derecho internacional. Deben asumir sus responsabilidades como estados partes de las Convenciones de Ginebra y suspender toda clase de acuerdos que beneficien estas políticas israelíes, que lejos de ser coyunturales, forman parte de un ideario colonial fundamentalista y supremacista, compartido por la mayor parte del espectro político israelí.
En el transcurso de este último cruento episodio del genocidio contra el pueblo palestino, el gobierno español ha mostrado su interés por respetar la posición común del Consejo de Seguridad y Asuntos Exteriores de la Unión Europea 2008/944CFSP del 8 de diciembre 2008 que define las reglas comunes de control de exportación de tecnología y equipamiento militar. La suspensión temporal de venta de armas a Israel es una señal de coherencia con la posición europea expresada en la última conferencia de Naciones Unidas sobre Tratado de Comercio de Armas, según la cual las transacciones de armas deberían ser denegadas cuando existe un riesgo claro de que estas armas sean utilizadas para cometer graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos humanos.
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