El Senado ha aprobado hoy de forma definitiva y sin modificaciones la Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que pretende intensificar la coordinación en la lucha contra el fraude laboral y el empleo irregular.
El pleno del Senado ha rechazado 80 enmiendas presentadas por la oposición y ha aprobado el texto legal con los votos del PP y la abstención del resto de los grupos, por lo que el proyecto de ley ha quedado definitivamente aprobado al no haberse modificado durante el trámite en la Cámara Alta.
La nueva ley contempla la creación de una nueva oficina de lucha contra el fraude para detectarlo y programar y ejecutar actuaciones inspectoras y también plantea una mayor participación de las comunidades autónomas y los interlocutores sociales.
Además, el texto legal prevé el aumento de los recursos destinados por la Inspección para la prevención de riesgos laborales y para combatir la siniestralidad laboral, para lo que se creará un nuevo grupo de funcionarios, a escala de subinspectores, de Seguridad y Salud Laboral.
La parlamentaria del PP Virginia Romero ha dicho que la ley aprobada se inserta en el conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno para la racionalización, simplificación y modernización de las administraciones públicas y ha añadido que es una norma “no política, sino técnica”.
Además, ha afirmado que la inspección contribuye “decisivamente” al mantenimiento de los derechos de los trabajadores y ha indicado que la ley era necesaria para actualizar la normativa a las necesidades de la sociedad.
Asimismo, el senador socialista Ricardo Varela ha dicho que su grupo comparte la filosofía de la ley, en cuyo núcleo ha destacado la necesidad de una mayor protección de los trabajadores, pero ha insistido en que el texto resultante no contempla totalmente el desarrollo de un sistema integrado de inspección.
Ha defendido un modelo de inspección moderno y con una estructura federal, que se refuerce la profesionalidad de los funcionarios dedicados a esta tarea y que la prioridad sea proteger a los trabajadores de los abusos generados por la precariedad.
Por su parte, el senador de la Entesa Joan Sabaté ha dicho que el proyecto de ley es “ordenador” y “necesario”, entre otras cosas para regular la gestión de las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, mientras que su compañero de grupo Jordi Guillot ha dicho que es una ley trabajada, “no polémica, pacífica”, y que goza de un relativo nivel de acuerdo.
Sin embargo, Guillot ha considerado que la tramitación no ha sido la adecuada y ha señalado que la prioridad de la inspección debe ser vigilar y controlar todo lo que acompaña a la precariedad laboral, es decir, el abuso de la contratación temporal, las horas extras no declaradas, el uso fraudulento de temporalidad o el incumplimiento de las condiciones de trabajo, entre otros.
El senador Jesús Iglesias del grupo Mixto ha dicho que una de las consecuencias de la crisis ha sido “el incremento de la situación de prepotencia del empleador frente al empleado”.
En su opinión, uno de los objetivos identitarios de la inspección de trabajo debe ser perseguir el fraude, pero ha señalado que los medios humanos y materiales “siguen siendo absolutamente insuficientes”.
La senadora de CiU Montserrat Candini ha dicho que se trata de una ley muy técnica, en la que ha habido bastante diálogo del Ministerio con las comunidades autónomas, y ha criticado aspectos singulares de la norma como la compatibilidad de la función de arbitraje y la inspección.
Según datos aportados por Empleo, el pasado año se registraron 102.183 denuncias por fraude laboral, la mayoría de ellas (más de 37.000) por trabajo no declarado a la Seguridad Social y 31.700 por abuso laboral.
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