USO apunta «falta de rigor» en contratos del Pacto por el Empleo de Badajoz

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El sindicato USO ha denunciado la «falta de rigor y de responsabilidad política» del Ayuntamiento de Badajoz respecto a los contratos de técnicos formalizados en el marco del Pacto Local por el Empleo.

Según un comunicado, existe un presunto fraude de ley en la firma de tres contratos públicos respecto a la «validez» de su «continuidad», y no se descarta que próximamente «aparezcan» más casos «irregulares» de este tipo.

Esta situación ha surgido, según al sindicato, a raíz de las declaraciones realizadas por la responsable del Pacto Local por el Empleo, la edil Blanca Subirán, al afirmar que el «Programa Local de Apoyo el Empleo» firmado recientemente era «continuidad» de aquél.

De esta manera, serán los técnicos involucrados en el Pacto Local por el Empleo quienes desarrollen el nuevo programa firmado con la Cámara de Comercio de Badajoz, ha indicado USO, lo que ha generado «llamadas» y «quejas» de personas que no entienden que «continúen» los técnicos actuales.

USO ha podido constatar que tres contratos públicos de carácter laboral por obras y servicios, con duración determinada, podrían convertirse ahora en laborales indefinidos al mantenerse dicha contratación.

El sindicato ha añadido además la «mala interpretación» realizada por el consistorio respecto a las bases reguladoras para la concesión de las Ayudas del Fondo Social Europeo en el periodo 2007-2013.

Según este programa, el periodo de ejecución del proyecto, así como los pagos reales y efectivos realizados con cargo al mismo, no podrá exceder de tres años, y se fijará para cada uno de ellos en el momento de la resolución de la concesión de las ayudas, ha recordado USO.

El segundo proyecto aprobado para el Pacto Local por el Empleo, de junio de 2011, como ha indicado USO, proveía contratación temporal, mediante el sistema de oposición libre, para los últimos tres trabajadores contratados para este programa.

La convocatoria de ayudas del Fondo Social Europeo de junio de 2011 también recogía que el periodo de ejecución de estos proyectos era de 36 meses para aquellos con coste elegible superior a un millón de euros, según USO.

Por todo ello, el sindicato ha expresado que se trata de convocatorias y proyectos «distintos», no habiendo «continuidad» posible en ellos, y por tanto existe caducidad de la obra y servicio.

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