Los recortes de las pensiones no evitan el aumento del déficit del sistema

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El varapalo que ha sufrido el sistema de pensiones públicas desde que hace más de cinco años se pusieran en marcha las medidas para reformarlo en medio de la crisis habrá servido para ahorrar 3.348 millones entre 2015 y 2017. La cuantía apenas supone un 44% de lo que el Gobierno había previsto para este periodo de tres años.

El Ejecutivo estimaba un ahorro cercano a los 7.500 millones, gracias a las medidas aprobadas durante el primer año de Mariano Rajoy al frente de La Moncloa, en 2012, en la conocida como segunda parte de la reforma de las pensiones, tras la de José Luis Rodríguez Zapatero. Las estimaciones enviadas al Consejo Económico y Social preveían entonces un ahorro de 1.640 millones en 2015, otros 2.490 en 2016 y 3.359 el próximo.

Pero, en realidad, las expectativas se han visto rebajadas hasta los 1.000, los 1.148 y los 1.200 millones, respectivamente para cada uno de esos ejercicios. Así se lo ha comunicado el Gobierno en funciones a la Comisión Europea en el Plan Presupuestario que aprobó el pasado viernes. El documento muestra las cantidades salvadas en los dos años anteriores y la previsión para el próximo, lejos de las estimaciones.

Ni el aumento progresivo de la edad de jubilación, ni la limitación en la revalorización ni el endurecimiento de las condiciones de las jubilaciones anticipadas han evitado que las cuentas no sólo no le salgan a la Seguridad Social, sino que además sean cada año peores. En el informe presupuestario, el Ministerio de Economía anticipa que el sistema público de pensiones finalizará este año con un déficit aún mayor del calculado por el departamento dirigido por Luis de Guindos.

El desfase presupuestario alcanzaría el 1,7% del Producto Interior Bruto (PIB), frente al 1,1% previsto. El alza de 0,6 puntos supondrá una desviación que se aproximaría a los 19.000 millones de euros. Se trata del mayor déficit que habría registrado el sistema en toda su historia.

De hecho, según los últimos datos de ejecución presupuestaria de 2016 difundidos por el Ministerio de Hacienda, hasta el pasado mes de agosto la Seguridad Social registró un déficit de 6.128 millones, cifra que equivale al 0,55% del PIB y que fue un 14,5% superior a la del mismo periodo del año pasado.

Tampoco parece que pueda mejorar mucho la situación el próximo año, a tenor de lo que el Ejecutivo ha anticipado a Bruselas. Porque su plan estima un déficit del 1,4% del PIB en el sistema de pensiones, lo que implicaría un descuadre de unos 16.000 millones de euros.

Más tiempo para ser efectivo

Para hacer frente a este desgaste, el paquete de medidas aprobadas hasta 2012 intentó aliviar la situación del sistema, aunque fuentes del Ejecutivo reconocen que, por ahora, muchos de esos cambios tendrán el efecto estimado a medida que transcurran más años.

Sí han sido efectivas algunas reformas, como el incremento progresivo de la edad de jubilación. Se trata de un mecanismo puesto en marcha en 2013, por el que han ido aumentando los plazos mínimos para acceder a una pensión desde los 65 años en los que se encontraba fijada la edad legal hasta ese momento. Actualmente, se pueden jubilar quienes hayan cumplido 65 años más cuatro meses; en 2017, serán ya cinco meses. Y así progresivamente hasta el año 2027, cuando la edad mínima sea de 67 años.

También han amortiguado las pérdidas del sistema el endurecimiento de los coeficientes reductores que se aplican a quienes se jubilan anticipadamente, con recortes de la pensión inicial que llegan a rozar el 30%. De hecho, se ha limitado el acceso al sistema por esta vía.

Sin embargo, apenas ha tenido efecto la limitación en la subida anual de las pensiones en vigor -con un mínimo del 0,25%- porque la inflación aún se encuentra en negativo. Y no será hasta 2019 cuando entre en vigor el factor de sostenibilidad, una corrección de la pensión inicial en función de la realidad financiera que viva la Seguridad Social en cada momento.

LSB-USO
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