Las subcontratas de la minería del carbón a la espera de la sentencia de la audiencia nacional

En la mañana de hoy se ha celebrado el juicio, gracias a la demanda que la Federación de Industria de USO, interpuso contra Carbunion, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el Instituto Minero, CCOO y UGT.

Una prueba más del compromiso que la Federación ha adquirido con TODOS los compañeros y compañeras que prestan sus servicios en las unidades de producción del sector minero es, que, a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, acudió una amplia delegación de nuestra organización, encabezada por nuestro Secretario General, Pedro Ayllón.

Durante la vista, la FI-USO ha defendido una vez más, el principio de IGUALDAD que debe imperar para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras que desarrollan su actividad en el sector minero, tanto en los pozos subterráneos como en el cielo abierto; y tanto para las empresas principales como para las contratas y subcontratas. Entendemos que TODOS:

– Trabajan en las mismas unidades de producción

– Arrancan el mismo carbón

– Deber tener el mismo carnet para el uso de explosivos

– Tienen una interacción constante con el terreno y los recursos naturales

– Necesitan el mismo carnet para el manejo de equipos y maquinaria de gran tamaño y potencia.

– Desempeñan su actividad por las mismas pistas y galerías

– Están expuestos a trabajo penoso, tóxico, ruidoso, a permanente oscuridad y con clima extremo.

– Donde, además, en muchos casos los trabajadores de las subcontratas pertenecen al Régimen de la Minería del Carbón.

Por todo ello, la Federación de Industria de USO confía en que se estime la demanda y dicte sentencia por la que se declare y se reconozca:

1.- El derecho de los trabajadores de las subcontratas que prestan servicios en las unidades de producción de las empresas contempladas en al Acuerdo de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el período 2013-2018 a poder beneficiarse de las ayudas sociales establecidas en dichas normas.

2.- La obligación de dichas empresas a solicitar ayudas sociales establecidas en dicha norma para todos los trabajadores que prestan servicios en su unidad de producción.

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