Las nuevas pensiones se reducirán un 5% cada 10 años aproximadamente, según un informe elaborado por FEDEA. En las próximas cuatro décadas habrá 7,1 millones menos de personas entre 16 y 66 años de edad y 6,8 millones más de personas mayores de 67 años.
La reforma de 2011, con los cambios en la edad de jubilación, la tasa de sustitución y en la base reguladora, el gasto en pensiones como porcentaje del PIB en 2050 se reduciría en un 3,2 puntos de PIB. En la reforma de 2013, el factor de sostenibilidad, que liga la pensión a la esperanza de vida, y que entrará en vigor en 2019 tendrá un impacto sobre las nuevas pensiones reduciéndolas un 5% cada 10 años aproximadamente.
Esto quiere decir que los pensionistas que se jubilen en 2050 tendrán una pensión que será aproximadamente un 15% inferior a la de los que se jubilen hoy con el mismo historial laboral. Pero esto no significa que la pensión media caerá un 15% pues en 2050 la mayoría de los pensionistas se habrían retirado mucho antes y por lo tanto el efecto sobre sus pensiones de este factor fue menor.
Es decir, para los que se jubilen en 2030 su pensión será un 5% inferior y para los que se jubilen en 2040 será un 10% más baja, en relación con la de un trabajador con el mismo historial laboral pero que se jubiló anteriormente y con una esperanza de vida más baja. Así pues, la caída de la pensión media estará en el entorno del 7,5%.
En definitiva, aunque estos cálculos podrían afinarse, la pensión media en 2050, una vez se tiene en cuenta el impacto del factor de sostenibilidad, será aproximadamente un 7,5% más baja de lo que sería sin la aplicación de dicho factor.
La reforma de 2013 con la introducción del llamado “factor de sostenibilidad” ha dado un pequeño paso en la dirección de reformar un sistema de prestación definida como el español hacia otro de contribución definida (en los que las prestaciones se calculan como función de las cotizaciones y la esperanza de vida en el momento de la jubilación).
Es decir, este factor ajusta automáticamente las prestaciones de jubilación a aumentos de la esperanza de vida, por lo que éstas ya no están completamente “definidas”.
La mayoría de los países que tenían un sistema de prestación definida como el nuestro también han incorporado algún tipo de ajuste parecido al del factor de sostenibilidad. El sistema de pensiones español se encuentra en un proceso de adaptación a la nueva realidad demográfica. Aunque se trata de un reto común a todos los países desarrollados, las proyecciones de población de España señalan que el progresivo envejecimiento de la población será mucho más intenso que en otros países.
En cuatro décadas habrá 7,1 millones menos de menores de 61 años y 6,8 mayores de 67
En concreto, según la ultima proyección demográfica del INE, en las próximas cuatro décadas habrá 7,1 millones menos de personas entre 16 y 66 años de edad y al mismo tiempo 6,8 millones más de personas mayores de 67 años.
Somos el tercer país con mayor esperanza de vida
España también destaca por ser el tercer país con mayor esperanza de vida para las mujeres con 22,8 años (hasta los 87,8 años) y con 18,7 años para los hombres (hasta los 83,7 años).
La previsión es que la esperanza de vida siga aumentando, dado que continúa disminuyendo la mortalidad a edades elevadas. Mientras que en 1919 (cuando se establecieron los 65 años como edad de jubilación) tan solo el 33% de cada generación alcanzaba esa edad, en la actualidad ese porcentaje alcanza el 90%. Es decir, los 65 años de edad de principios del siglo XX se corresponden ahora con los 89 años.
En segundo lugar, España tiene una de las tasas de fecundidad más bajas de los países desarrollados, con apenas 1,3 hijos por mujer en edad fértil. La gran precariedad laboral de nuestros jóvenes, que les impide emanciparse hasta edades muy avanzadas, conjuntamente con las dificultades laborales que encuentran las mujeres al ser madres probablemente expliquen, en parte este dato, según FEDEA.
La combinación de estos tres factores implica que en las próximas décadas España tendrá previsiblemente una de las tasas de dependencia más elevadas del mundo, y la mas alta de la UE. Según el INE (2016) la tasa de dependencia, definida como la ratio entre la población mayor de 67 años y la población de 16-66 años, aumentará del 24,8% actual al 60,2% en 2050, mientras que la media de la UE no superará el 50% en dicho año.
En un estudio titulado ‘Medidas para restaurar (o no) la sostenibilidad financiera de las pensiones’, firmado por José Ignacio Conde-Ruiz, se alerta de que las medidas que tradicionalmente se ofrecen para solucionar el déficit del sistema, como alcanzar el pleno empleo, aumentar los salarios o subir cotizaciones e impuestos para financiar las pensiones, no serían suficientes para acabar con el desfase entre ingresos y gastos.
Es fácil comprender que cuanto mayor sea la tasa de dependencia, mayor será también el gasto en pensiones como porcentaje del PIB, puesto que el número de personas trabajando o produciendo por cada persona jubilada es menor. A la luz de estos datos no debería resultar difícil entender los retos de sostenibilidad financiera a los que se enfrenta nuestro sistema de pensiones en las próximas décadas.
Esto significa que, si se cumple el escenario demográfico del INE (2016) y conseguimos el pleno empleo (alcanzando una tasa de empleo del 73%), gracias a la reforma de 2011 y al factor de sostenibilidad de la reforma 2013, el gasto en pensiones en 2050 alcanzará aproximadamente el 17,4% del PIB. Al mismo tiempo los ingresos como porcentaje del PIB, sin aumentos en las cotizaciones o las bases de cotización no cambiaran y seguirán en el entorno del 10% del PIB. Y esto ocurrirá aunque se produzcan aumentos importantes de la productividad
Ni el pleno empleo podrá con el efecto demográfico
Con pleno empleo el gasto en pensiones como porcentaje del PIB sería un 16,5% más bajo, porcentaje muy inferior al correspondiente al aumento de dicho gasto por razones demográficas. O dicho de otra forma, alcanzar el pleno empleo tan solo serviría para compensar (aproximadamente) una quinta parte del aumento del gasto en pensiones asociado al envejecimiento demográfico.
El número de cotizantes en dicho año no sería muy superior al actual (unos 17,6 millones con jubilación a los 67 años, alrededor de 18,9 millones con jubilación a los setenta).
Aumentar las cotizaciones tampoco solucionaría las cosas
A pesar de la importancia de las cotizaciones para el sistema, Fedea también cuestiona la idea de que aumentarlas arreglaría el problema del déficit. En este punto, afirma que para recaudar 7,4 puntos del PIB –el déficit que estima que tendrá el sistema en unas décadas– vía cotizaciones es necesario incrementar el tipo efectivo de cotización del 21% al 36,5%, algo que implicaría unos costes laborales “realmente incompatibles” con el escenario de pleno empleo que se pretende alcanzar.
La subida de salarios tampoco es la solución
Además de no solucionarse el problema de las pensiones con la consecución del pleno empleo, Fedea desmonta también el argumento esgrimido por algunos acerca de que un aumento de los salarios puede mejorar de manera considerable las pensiones. En este sentido, indica que aumentos salariales, aun causados por un repunte considerable del crecimiento de la productividad, no podrán cubrir toda la brecha entre ingresos y gastos del sistema público de pensiones, sino solo una pequeña parte.
Asimismo, indica que el aumento de los salarios tendría que ser de una magnitud tan considerable para cerrar la brecha entre ingresos y gastos del sistema, que “no parece dentro de lo cuantitativamente razonable”, al tiempo que advierte de que los ingresos del sistema no dependen del aumento de los salarios, sino “exclusivamente” del tipo impositivo efectivo de las cotizaciones sociales y de la ratio entre número de pensiones a financiar y número de cotizantes.
Limitar el máximo de pensión reduciría la naturaleza contributiva del sistema
Un destope de la base máxima de cotización que fuera acompañado de la congelación de la pensión máxima podría producir una mejora de las cuentas de la Seguridad Social, pero en este caso se reduciría la naturaleza contributiva del sistema que se pretende preservar reformando el sistema actual hacia otro de naturaleza asistencial.
Por último, Fedea también cuestiona que la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones se restaure usando los impuestos generales. Así, apunta que a primera vista utilizar impuestos para financiar las pensiones parece una medida razonable y es incluso “inevitable” a corto plazo, pero añade que con un déficit del sistema de 7,4 puntos del PIB en el medio plazo, un déficit público del 4,5% y una deuda pública en el 100% del PIB, no parece que exista mucho margen para obtener tales recursos adicionales.
Los impuestos no solucionarán el problema y serán un arma de doble filo
Además, afirma que usar otros impuestos, como el IVA o el IRPF, para financiar las pensiones contributivas, rompe también el principio de contributividad, porque una persona que no ha trabajado lo suficiente y no tiene derecho a una pensión contributiva, podría reclamarla aludiendo a que en realidad si está aportando al sistema a través del pago el IVA o del IRPF, al tiempo que un aumento de estos tributos acabaría repercutiendo en los mismos pensionistas a los que se quiere proteger.
Las reformas de las pensiones se mantendrán
Respecto a las dos últimas reformas de las pensiones, las aprobadas en 2011 y 2013, Conde-Ruiz indica que, de acuerdo con las mismas, la revalorización de las pensiones se mantendrá en el 0,25% durante décadas, y por tanto “cuasi congeladas”, algo que no comparte Fedea porque “no tiene mucho sentido económico” y rompe uno de los principios básicos de las pensiones, como es proveer una renta vitalicia a los trabajadores hasta su fallecimiento. “Es extremadamente complicado gestionar el consumo de la vejez con una pensión con poder adquisitivo menguante”, subraya el estudio.
Hacen falta una batería de medidas: demográfica, familiares, laborales…
Ante este panorama, Fedea afirma que el futuro de las pensiones se garantizará por la combinación de una batería de medidas: alcanzar el pleno empleo, eliminar la precariedad laboral para aumentar las tasas de fecundidad, mejorar la educación para aumentar la productividad y elevar los ingresos del sistema. Y como todo ello tampoco sería suficiente, propone cambiar el sistema actual por uno de reparto de cuentas nocionales.
De esta forma, la pensión de jubilación a la que tendrá derecho el trabajador se calcularía en función de lo aportado durante toda su vida, que está registrado en dicha cuenta nocional, y de ciertas reglas que tengan en cuenta la esperanza de vida en el momento de la jubilación e incluso de algunas variables como la ratio entre cotizantes y jubilados o el crecimiento del PIB.
“Dicho de otro modo, la pensión que percibirá el trabajador deberá respetar algún tipo de equivalencia o factor de proporcionalidad entre lo aportado y los años esperados que va a percibir la pensión a lo largo de toda su vida”, subraya el estudio, que añade que el nuevo sistema de cuentas nocionales reforzaría la contributividad teniendo en cuenta toda la vida laboral y, además, incorporaría la introducción de un ajuste automático del gasto frente a cambios demográficos y económicos.
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