Un informe sobre la aplicación de la garantía juvenil en España presentado hoy ante la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo reclama puestos de trabajo de más calidad y más medidas para reducir el desempleo juvenil.
La garantía juvenil es el instrumento que permite a los jóvenes sin trabajo acceder a una oferta de empleo, de prácticas o de formación para estimular así su incorporación al mercado laboral.
Alrededor de 1,6 millones de jóvenes se benefician de la garantía juvenil en toda la UE, de los que más de 400.000 son españoles.
El estudio, elaborado por la consultora independiente Research4Consulting, y presentado por la experta Elvira González Gago, señala algunas debilidades de la aplicación en España, como el hecho de que de los registrados en la garantía, alrededor del 35 %, reciban ofertas de empleo, unas ofertas que en todo caso son de contratos temporales.
“La calidad del empleo es uno de los asuntos pendientes. De los 21.000 empleos netos que se han creado para jóvenes en los últimos tres años, todos eran temporales”, se lamentó González Gago en declaraciones a Efe.
Según el estudio, solo un tercio de los que acceden a una oferta de empleo a través de la garantía juvenil pueden integrarse al mercado laboral por esa vía, mientras que el resto vuelve al paro. La media en la Unión Europea es de más del doble, el 70 %.
“La realidad es que los empleos nuevos que se crean en España no son para los jóvenes”, dijo a Efe la experta autora del informe, quien destacó que la garantía juvenil por si sola no puede compensar “una reducción del 68 % de recursos para las políticas de empleo” en España.
Apuntó, asimismo, la conclusión de que la garantía es de más utilidad entre los jóvenes de muy escasa formación, pues “se crea un sistema de sobreformación en relación con las opciones reales de empleo, que da lugar a una competencia aún más feroz por los pocos puestos de trabajo que aparecen”.
Como “principal recomendación” para la mejora de la implementación de la garantía, González Gago señaló la necesidad de una mayor coordinación entre administraciones, dado que parte de las medidas y recursos las aplica la administración central y otras las Comunidades Autónomas y los entes locales.
El informe de los expertos apunta que hay notables disparidades en la implementación de la medida por comunidades autónomas, y así, mientras Navarra o Andalucía llegan a niveles del 40 % de cobertura, Ceuta y Melilla se quedan en el 20 %.
González Gago reclamó a todas ellas esfuerzos para que más jóvenes sepan de la existencia de ese instrumento: “Aunque parezca mentira mucha gente no sabe que está a su disposición”.
Como puntos positivos sobre la aplicación en España, el texto destaca que se ha doblado el número de jóvenes registrados para beneficiarse de la misma.
En el último año, de febrero de 2016 a febrero de 2017, se ha pasado de 233.000 registros a 446.000.
Igualmente, el informe destaca que se hayan flexibilizado los criterios para beneficiarse de la garantía en el último año (además de elevarse la edad de los 25 a los 29).
La garantía juvenil europea impulsada en 2013 tiene un presupuesto inicial de 6.000 millones de euros, más de 900 destinados a España, sin contar otras aportaciones de fondos europeos y de las propias administraciones españolas.
Según estadísticas de 2012, el 40 % de los jóvenes de entre 15 y 29 años estaba en situación de desempleo en España.
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