Que el empleo público tiene una alta tasa de temporalidad, la mayor de la UE con excepción de Polonia, es algo de sobra conocido. Cuesta entender que uno de cada cuatro trabajadores del Estado tenga un puesto de carácter eventual, como así sucede. No es de extrañar, por tanto, el ‘tirón de orejas’ que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le dio al Gobierno en la conocida sentencia a favor de una indemnización a los interinos. Ahora el Ejecutivo busca enmendar esto con la mayor oferta de empleo público de la historia: 250.000 plazas en tres años, con el objetivo de reducir la tasa de interinidad del 25% al 8%.
Pero, además, este colectivo se enfrenta al menos a otros dos problemas: su elevado envejecimiento y la alta sobrecualificación de su personal, algo que para nada es baladí. Así, si en la actualidad hay un total de 2,98 millones de ocupados en el sector público, 1,24 millones tiene más de 50 años, es decir, más de cuatro de cada diez, según los datos extraídos de la EPA relativos al último trimestre de 2016. Y más de 250.000 superan los 60 años, colectivo que se ha incrementado un 63% desde 2007.
Por el contrario, los menores de 30 apenas llegan a 170.000 tras reducirse a la mitad con la crisis. Esto significa que en los próximos años se van a producir un gran número de jubilaciones, de modo que como el Gobierno no dé marcha atrás en la política actual de la no reposición de las vacantes (que se puso en marcha en el ejercicio 2012, aunque bien es verdad que cada vez tiene más excepciones), el personal al servicio de los ciudadanos se va a ver mermado considerablemente.
Pese a esto, el número de empleados públicos tras la crisis se mantiene prácticamente en los mismos niveles que antes: en 2007 había 2,96 millones de ocupados en este sector y en la actualidad hay 2,98 millones. Esto no ocurre igual en el sector privado, donde el ajuste económico ha recaído de manera más profunda y ha perdido en este periodo 2,2 millones de trabajadores (y llegaron a ser 3,2 millones).
Pero también es cierto que desde el máximo que tocó en plena recesión, cuando en 2011 superó los 3,3 millones de trabajadores, se han destruido más de 300.000 puestos en las Administraciones Públicas. En concreto, durante este periodo analizado, solo las comunidades -que copan más del 50% del total de empleo público- y las Fuerzas de Seguridad han crecido: un tímido 3% las primeras y un más que destacable alza del 17% los segundos. Por el contrario, el personal de la Administración General del Estado ha menguado en más de un 10%, un 6% el de los ayuntamientos y un 24% en las diputaciones, según datos del Registro Central del Personal publicado por Hacienda.
Y es que con la crisis se cambió la tendencia existente desde los 70 de un incremento anual del empleo público. De hecho, en aquellos tiempos solo representaban el 5% del total de la población activa y en la actualidad supone el 13% de los activos y el 16,1% de la población empleada (en el primer trimestre de 2012 llegó al 18%). Cabe resaltar que en 2014 y 2015 este sector volvió a crecer -coincidiendo con las elecciones-, pero durante el pasado año experimentó un ligero retroceso: 14.600 empleados menos.
Si se comparan estos datos con los países del entorno, España se encuentra ligeramente por debajo de la media de la OCDE, que se sitúa en el 21%, es decir, casi un 5% menos, y muy lejos de Noruega y Dinamarca, cuyo personal estatal se acerca al 35% del total de ocupados.
Así se refleja en el informe ‘El empleo público en España: desafíos para un estado democrático más eficaz’, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), que concluye que el empleo público español no presenta, por tanto, un problema de exceso de tamaño, pese a haber duplicado su número en los últimos 25 años e incluso crecer en plena crisis en casi un cuarto de millón de puestos.
Pero este informe sí detecta otra paradoja que subyace bajo este sector: pese a que España se caracteriza por tener uno de los porcentajes más elevados de empleados públicos con estudios universitarios, en la Administración General del Estado -con funciones básicamente reguladoras y planificadoras- solo se exige titulación superior en el 30% de sus puestos.
Y es que prácticamente siete de cada diez asalariados del sector público tiene titulación superior (un 67%, según datos del INE de 2014), frente a la media europea de cinco de cada diez. Y, sin embargo, solo un 2,4% de los trabajadores de la Administración Estatal española ocupan puestos directivos, tres puntos por debajo de la media europea. Por el contrario, un 24% pertenece a los servicios de restauración, personal, seguridad y ventas, casi el doble que en la UE.
«Este dato parece indicar que un gran porcentaje de empleados públicos de las administraciones está sobrecualificado con relación al puesto que ocupa», concluye el informe del IEE, que estima que esto puede derivar en problemas de autoestima y repercutir negativamente en su productividad y en su nivel de satisfacción laboral. Y, además, en un serio desperdicio de talento.
