Hace cinco años, el Gobierno prometió enviar a casa una carta con el cálculo de la jubilación; no lo hizo

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Para arreglar el problema de las pensiones de jubilación (públicas, sostenibles, dignas), lo primero es el conocimiento: que todos los ciudadanos dispongan de una idea muy aproximada de lo que cobrarán cuando se retiren definitivamente de la vida laboral, y hagan sus previsiones sobre ello. Sólo con esta cartografía se podrá elaborar políticamente todo lo demás: la financiación a través de cotizaciones sociales y de impuestos, a qué hay que renunciar (puesto que lo que se pone en un sitio habrá que sacarlo de otro), etcétera.

En marzo de 2013 —pronto hará cinco años de ello—, el Ministerio de Fátima Báñez (la misma ministra que ahora ha soltado el último globo sonda a través de una presencia fácil en televisión) se comprometió a que a partir de un año después, en 2014, se enviaría una carta a todos los ciudadanos mayores de 50 años, de forma anual. En ella (se la denominó la “carta naranja” por el aspecto que tienen las que se proporcionan en una buena parte del resto de los países europeos, entre ellos los más avanzados) se aportaría la edad legal de jubilación, la fecha en la que el ciudadano podría acceder al retiro ordinario, los periodos de cotización necesarios para ello y el importe anual y mensual, en 14 pagas, que percibiría de la Seguridad Social a la que había estado cotizando.

No se ha hecho. La sospecha de que se ha incumplido tal promesa por tratarse en muchos casos de pensiones esqueléticas y en otros a la baja es muy grande. Una senadora contestó a Báñez en un debate sobre el tema: “Mandar esa carta antes de unas elecciones o en Navidad no será agradable”. Para recibir la “carta naranja”, el ciudadano en cuestión no tendría que hacer nada; era como el historial laboral, se recibe en casa. El Ministerio de Empleo creó un sucedáneo: un simulador digital en la página web de la Seguridad Social, al que habría de acceder activamente la parte de la población menos digitalizada (los mayores de edad). Distintos expertos han coincidido en que los datos que se proporcionan en el simulador hinchan la cuantía real de las pensiones y hasta ahora no introducían el llamado factor de sostenibilidad que tiene en cuenta la esperanza de vida y que bajará aún más su monto total.

Cuando se abre de nuevo el debate sobre el futuro de las pensiones, con sus aspectos demográficos, nocionales, de financiación, su relación con la reforma laboral (devaluación salarial y precarización estructural), la existencia de una “carta naranja” es un factor primordial para las decisiones individuales de los ciudadanos. Entre ellas, la de votar a la formación política que mejor defienda sus pensiones. Para facilitar su existencia (se llegó a presupuestar y a abrir un concurso público mediante el que se concedió el trámite postal a dos empresas) debería quedar explícito que no existe una vinculación legal entre la cuantía que se aporta en la información y la que definitivamente le corresponda al ciudadano. Es una aproximación comprometida, pero no un derecho adquirido. Si no se establece esta caución, la “carta naranja” no llegará nunca.–

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