El derecho al agua es un derecho humano fundamental, sin agua no hay vida

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La secretaria general de la ISP, Rosa Pavanelli, tomó la palabra en el Foro Político de Alto Nivel de la ONU durante el primer análisis mundial del ODS 6 sobre agua y saneamiento, señalando que, en vez de promover asociaciones público-privadas fallidas, el proceso de ODS debe fomentar asociaciones público-públicas que prosperan en todo el mundo.

Los servicios de agua y saneamiento sustentan nuestras sociedades y pueden causar graves problemas sociales y económicos cuando se gestionan inadecuadamente y carecen de financiación suficiente.

Garantizar que las personas tengan acceso a un agua inocua, segura y asequible resulta fundamental a la hora de garantizar una vida decente para todos.La presión para lograr una mayor participación del sector privado en la aplicación del ODS 6 contradice la creciente evidencia que muestra que la privatización del agua y el saneamiento ha resultado perjudicial, sobre todo para las comunidades más marginadas y vulnerables del mundo, y que las empresas tienden a utilizar el poder del monopolio para generar beneficios excesivos.

La sorprendente realidad de las personas que viven en Flint, aquí mismo en los Estados Unidos, muestra que esto no solo sucede en los países en desarrollo.

Además, la evidencia demuestra que los inversores privados han ignorado considerablemente las regiones más desatendidas del mundo, al mismo tiempo que han favorecido mercados más lucrativos que requieren menos capital y prometen mayor rentabilidad. En 2018 en Yakarta, tras 20 años de privatización, el Tribunal Supremo de Indonesia anuló los contratos concluidos con las empresas privadas que operaban en la ciudad, ya que los ciudadanos aún no disponían de acceso al agua potable.

Para evitar la presión por privatizar es preciso proporcionar alternativas para mejorar la calidad del servicio, el acceso de los usuarios y el rendimiento de gestión de los servicios públicos existentes. Esto conlleva mejorar la gobernanza y la rendición de cuentas. Los directores y los trabajadores de los servicios públicos deben ser seleccionados en función de su competencia, no de sus contactos políticos. Los trabajadores deben ser capaces de formar y afiliarse a sindicatos, y negociar las condiciones laborales, la formación permanente y las trayectorias profesionales. La gobernanza de los servicios públicos también debe involucrar a los dirigentes de la comunidad, a los usuarios de los servicios y al público en general.

A pesar de que las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) realizaron un esfuerzo concertado para impulsar la participación del sector privado en los servicios de agua y saneamiento desde la década de 1990, más del 90 por ciento de los sistemas de agua y saneamiento en todo el mundo son propiedad del Estado y gestionados por este.Esto se debe en gran medida a la firme resistencia pública al control privado de los sistemas locales de agua y saneamiento.

Allí donde el agua y el saneamiento se han privatizado, la remunicipalización o el retorno a manos públicas se ha convertido en una tendencia innegable y a menudo entraña nuevas formas de participación para los trabajadores y los ciudadanos. Cuando la ciudad de París retomó la gestión pública del servicio de agua potable en 2010, el servicio mejoró significativamente. La ciudad ahorró 35 millones de euros durante el primer año y redujo las tarifas en un 8 por ciento.

Al formular soluciones para la financiación y la implementación del ODS 6, los responsables políticos deben reconocer esta tendencia ascendiente: las cientos de experiencias de remunicipalización de los últimos 15 años proporcionan datos no solo sobre las deficiencias del sector privado, sino también soluciones para mejorar los servicios públicos.En lugar de promover asociaciones público-privadas fallidas, el proceso de los ODS debe examinar las asociaciones público-públicas que prosperan en todo el mundo.

Dadas las repetidas referencias a la elaboración de políticas basadas en pruebas a lo largo del proceso de los ODS, nadie puede ignorar la evidencia que surge de las comunidades que han rechazado decididamente la privatización.

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