FTSP-USO alerta de riesgo de impago ante la adjudicación del servicio de vigilancia de Renfe por un precio, excesivamente ajustado, de 117 millones

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La Federación de Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) alerta del alto riesgo de impago que tienen los trabajadores que prestan su servicio en Renfe, por parte de alguna de las empresas que han resultado adjudicatarias del concurso de seguridad. “Un concurso que ha sido adjudicado el pasado 16 de enero por poco más de 117 millones de euros, un precio excesivamente ajustado que dificultará cumplir con los pliegos del concurso y la dotación suficiente de personal y medios materiales”, apunta Basilio Alberto Febles, secretario general de la FTSP-USO.

El concurso del servicio de seguridad del Grupo Renfe, a pesar de ser restringido, ha dejado fuera a las grandes empresas de seguridad, que han preferido no arriesgarse a las pérdidas que este servicio les pueda originar. “La no presentación a este concurso de las principales empresas de este país, viene a confirmar nuestra opinión de que los mínimos beneficios de las empresas adjudicatarias les conducen a unos incumplimientos negativos para los trabajadores y para el conjunto de la seguridad privada”, afirma Febles.

Además del elevado riesgo de impago de las nóminas, existirán problemas para dotar a los vigilantes de seguridad de medios adecuados para poder realizar con seguridad su labor, tales como guantes anticorte o chalecos antiestrés, o para prestar el servicio con al menos dos vigilantes; de la formación adecuada y de los demás medios necesarios para ser más eficaces y estar más protegidos, sin olvidar que las estaciones de Renfe son lugares de un elevado tránsito de pasajeros, con numerosos problemas, conflictos y agresiones a las que los trabajadores de seguridad se enfrentan en su día a día.

Por ello, desde la FTSP-USO se aboga por una mayor seguridad y protección para los trabajadores de seguridad privada, más formación y porque las empresas cumplan con sus obligaciones laborales, salariales y fiscales, “que evidentemente es imposible de cumplir en aquellos concursos públicos donde las Administraciones continúan primando el precio sobre todos los demás criterios de adjudicación”, apostilla Febles.

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