El informe sobre el “Semestre Europeo”, las indicaciones en materia de política económica, financiera y laboral que la Comisión Europea emite a los países miembros, es rotundo en cuanto a los grandes males del empleo en España: la temporalidad en la contratación, las crecientes desigualdades y el riesgo de pobreza, a pesar de valorar el crecimiento sostenido del PIB.
“Cuando lo decimos los representantes de los trabajadores, a veces desde los gobiernos lo toman como una reivindicación recurrente. Sin embargo, este toque de atención comunitario, que coincide con lo que llevamos reclamando desde que comenzó la recuperación macroeconómica, tiene que obligar ya, tanto al Gobierno saliente como al que entre, a tomar las medidas oportunas para atajar las debilidades del mercado laboral de nuestro país”, sintetiza Joaquín Pérez, secretario general de USO.
Bruselas pone el acento en que “seguimos teniendo un paro que ronda el 15% con una temporalidad de los trabajadores del 27%, la más alta de toda Europa. Pero, además, llama la atención sobre ese tipo de temporalidad: los contratos temporales aquí tienen la menor duración también de todo el continente, creando un nivel de indefensión extremo para nuestros trabajadores, que ven cómo su empleo queda en vilo cada viernes. No solo hablamos de estabilidad para el trabajador, ya que para el empresario esta rotación excesiva también acarrea perjuicios: tenemos una de las productividades más bajas del continente precisamente porque no hay plantillas estables con la formación y experiencia adecuadas en el puesto que dan la estabilidad”.
Pero la Comisión Europea “también reprende a nuestros gobernantes sobre su tendencia a utilizar el comodín de la deuda para cuadrar las cuentas. Hay que ser más imaginativo y valiente a la hora de gobernar. Hacer política no es solo enlazar campaña electoral tras campaña electoral, sino convertir en realidad la música de los programas electorales que, a la hora de materializarlos, siempre desafinan. Los ingresos deben venir tanto de la lucha contra el fraude como de fiscalizar las nuevas formas de economía que no generan ni riqueza ni empleo decente en nuestro país”, continúa Joaquín Pérez.
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