La Plataforma por la Justicia Fiscal, formada por organizaciones sociales y sindicales – entre ellas USO-, va a enviar a los partidos políticos una propuesta de Pacto de Estado contra el fraude fiscal para su consideración e inclusión en los programas electorales. La entrega de esta petición se realizará el 3 de abril, a las 12:00, en el Congreso de los Diputados, coincidiendo con el Día Global de Acción contra los Paraísos Fiscales.
España sufre una crisis de desigualdad y de exclusión social. Somos el cuarto país más desigual de la Unión Europea, tan sólo por detrás de Bulgaria, Lituania y Letonia. España es, además, el país de Europa en el que más ha crecido la desigualdad en los últimos diez años.
La recuperación económica está ahondando las carencias sociales y la falta de solidaridad internacional, mientras más de 12 millones de personas viven en riesgo de pobreza en nuestro país y 650.000 hogares no cuentan con ningún ingreso. Ni la pobreza ni la desigualdad son inevitables.
Pero nuestro sistema fiscal arrastra un déficit histórico que acentúa la inequidad del sistema. Y esta realidad se mantiene, cuando seguimos recaudando casi 7 puntos menos de impuestos respecto al PIB que los países de la eurozona, unos 80.000 millones de euros, que podrían destinarse a poner fin a las limitaciones de sociales, ambientales y económicas que tiene nuestro país. Esta falta de recursos tiene su principal origen en el incumplimiento de las normas tributarias por parte de grandes empresas y contribuyentes con altos ingresos, quienes, a través de prácticas de ingenierías fiscales defraudadoras cometen fraude o elusión fiscal.
Esta situación nos lleva a solicitar que todos los partidos incluyan la lucha contra el fraude fiscal en su programa electoral y que en la próxima legislatura se llegue a un Pacto de Estado contra el Fraude Fiscal. Reclamamos un Pacto en el que se aparquen las diferencias entre las distintas tendencias políticas para trabajar por la resolución de este grave problema.
Las medidas que propone el Pacto son:
1. Romper con el déficit recaudatorio en un máximo de cinco años, a través de un plan de acción urgente contra el fraude, la evasión y la elusión fiscal que convoque a todas las fuerzas políticas y cuente con un marco parlamentario permanente de revisión, transparencia y rendición de cuentas.
2. Poner fin a la utilización de paraísos fiscales estableciendo una lista negra objetiva y ambiciosa, que incluya al menos todas las jurisdicciones de baja o nula tributación, aplicando sanciones y contramedidas.
3. Apoyar y proteger la figura del denunciante que tanto aporta en la lucha contra el fraude la evasión y la elusión fiscal.
4. Penalizar la contratación pública para quien no cumpla con criterios fiscalmente responsables mediante el uso discrecional de estructuras en paraísos fiscales.
5. Internacionalizar la lucha contra el fraude y la evasión fiscal impulsando procesos internacionales ambiciosos y adaptados a la realidad de los nuevos modelos empresariales en una economía más globalizada y digitalizada.
6. Recuperar la responsabilidad institucional reforzando la incompatibilidad entre el ejercicio de cualquier cargo público y el uso de los instrumentos que posibilitan tanto la elusión como la defraudación fiscal, incluida la participación en sociedades off shore o extraterritoriales.
7. Reforzar los medios y recursos de la AEAT para cubrir las necesidades de inspección y control del gran fraude fiscal, confluyendo en las cifras de fraude con los niveles europeos en el plazo de cinco años.
8. Reorganizar la AEAT revisando los objetivos y ponderando los equipos humanos necesarios para las tareas de inspección y recaudación con base en los estudios y la experiencia. Coordinar la AEAT con el conjunto de los departamentos tributarios de las comunidades autónomas, incluyendo el intercambio de bases de datos y registros normalizados, así como con otros países.
9. Convocar a una gran conferencia de coordinación contra el fraude y la evasión fiscal, que cuente con representantes parlamentarios y del gobierno, junto con actores sociales y expertos parlamentarios y del gobierno, junto con actores sociales y expertos.
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