El Consejo General de la CSI refuerza las prioridades de los trabajadores ante la economía

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USO participa en el Consejo General de la Confederación Sindical Internacional (CSI), máximo órgano de la central mundial entre congresos, que tiene lugar del 15 al 17 de octubre en Bruselas. En la jornada previa se ha celebrado también la reunión del Comité mundial de Derechos Humanos y Sindicales. En representación de USO ha participado en ambos encuentros, Javier de Vicente, secretario de Acción Internacional y Desarrollo Sostenible.

Durante la reunión del Consejo la secretaria general de la CSI, Sharan Burrow, ha constatado que la situación de la economía mundial está afectada por las proyecciones de estancamiento, por una carga de deuda pública un tercio mayor que en 2008, y por el aumento de la deuda privada de los países en desarrollo (7%). A su vez, persiste la crisis en el empleo, con 172 millones de parados y con tendencia de acrecentarse con un millón adicional al año. Hay más del 11% de jóvenes en desempleo, y al menos de dos quintas partes de las mujeres cuentan con peores salarios en el empleo. También, el 60 % de los trabajadores están en la economía informal, y la cifra podrá avanzar habida cuenta del incremento de trabajadores en las plataformas digitales.

Desde la CSI se está reclamando la aplicación del principio de diligencia debida a las multinacionales, así como corregir los déficits de derechos laborales y sindicales existentes en las cadenas de suministro.

Las desigualdades son enormes en materia de salarios según los países, ello pese al aumento de la productividad (que no se reparte a los trabajadores). Esta situación genera desesperanza y enfado. Hay trabajadores pobres, muchos de los cuales no pueden pagar sus facturas. Los salarios mínimos no alcanzan en buena parte de los países para cubrir el coste de la cesta básica. En concreto, en Bulgaria, Argentina, Indonesia, Serbia, Malasia, Nigeria y Senegal, la diferencia es cada vez más enorme. La central va a insistir con una campaña de salarios mínimos que al menos alcance el coste de vida en cada país.

Por otra parte, la CSI denuncia en sus informes que la desigualdad ha alcanzado proporciones históricas. El año pasado 26 individuos ganaron lo mismo que los 3.800 millones de personas que constituyen la mitad más pobre de la población mundial. El declive de la participación de las rentas del trabajo pese al aumento de la productividad en las últimas décadas ha supuesto que el crecimiento económico esté cada vez menos compartido con los trabajadores a través de sus salarios. Estas tendencias crean desesperación y descontento, obstaculizan la demanda agregada, paralizan los mercados internos y bloquean un crecimiento global sostenible.

Según los datos disponibles, el 60 % de las familias trabajadoras afirman que viven al límite, luchando por sobrevivir. Así, los mecanismos para el establecimiento de salarios mínimos vitales y reforzar la negociación colectiva resultan esenciales para remediar la situación. También se necesita desesperadamente una protección social reforzada, teniendo en cuenta que el 55 % de la población mundial -4.000 millones de personas- no está cubierta por ningún tipo de régimen de protección social, y menos de un tercio goza de un nivel de protección integral.

La reunión del Consejo General ha dedicado también parte de su tiempo al seguimiento de los derechos humanos y de los deterioros de la democracia en varios países, y al análisis de las reformas que precisan las instituciones financieras internacionales, como el FMI, el Banco Mundial, o la OMC con respecto al comercio.

Con relación a las cuestiones de la paz, la CSI ha condenado el ataque de Turquía en territorios de Siria contra el pueblo kurdo y la represión en Ecuador ante las protestas sociales.

La CSI ha reafirmado su estrategia de acción con las prioridades establecidas por su IV Congreso: paz, democracia y derechos; regulación del poder económico; transformaciones mundiales; transiciones justas; igualdad, y nuevos frentes, con tres campañas concretas: “Democracias para las personas: Cambiar las reglas”; “Un nuevo Contrato Social”, y “Transición Justa para la Ambición Climática”.

LSB-USO
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