Salarios mínimos europeos dejan en la pobreza a trabajadores de 17 países

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En el seno de la Unión Europea se ha iniciado una consulta pública sobre la conveniencia de legislar criterios comunes con relación a los salarios mínimos en cada uno de los estados miembro. La nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, es la promotora de la iniciativa. Aunque se desconocen numerosos detalles de la propuesta de la Comisión, tanto la Confederación Europea de Sindicatos (CES) como la USO han mostrado su apoyo inicial y reclaman que el salario mínimo -diferente en cada país según sea su nivel de vida-, sea de un nivel suficiente para que los trabajadores puedan mantener una vida digna.

De hecho, la Carta Social europea indica que el salario mínimo debiera ser el 60% del salario medio. En este sentido, según datos oficiales, las personas que ganan el salario mínimo legal están en riesgo de pobreza en la mayoría de los estados miembros de la Unión Europea.

La CES está realizando una consulta entre sus afiliadas para aproximar posturas y conseguir un planteamiento común para el inicio de negociaciones. Lo cierto es que veintidós estados miembros de la Unión Europea tienen un salario mínimo nacional legal pero la mayoría -como España, pese a la reciente subida- no iguala el 60% del salario medio. Este indicador marca la diferencia para la consideración de ‘trabajador pobre’, como aquel que trabaja a tiempo completo y no llega a una remuneración que le permita salir de la pobreza. En 10 estados miembros, el mínimo legal es del 50% o menos del salario medio nacional.

Se trata de millones de personas en toda Europa que hoy en día no pueden permitirse un nivel de vida digno a pesar de trabajar a tiempo completo. España, República Checa y Estonia tienen los niveles más bajos de salarios mínimos legales vigentes en comparación con los ingresos medios, según la OCDE.

En el reciente proceso de discusión sobre el SMI en nuestro país, Joaquín Pérez, secretario general de USO, ha reclamado al Gobierno como norma legal un valor que alcance al 60 % del salario medio en España y que el diálogo social se centre en hacer un cronograma de recuperación del nivel adquisitivo de los salarios y participación de éstos en la renta nacional, con sentido de construcción de un proyecto de país.

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