El Consejo de Ministros aprueba la LOMLOE. Otra Ley de Educación con escaso diálogo

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Tras un fugaz y acelerado mini debate el año pasado en el Consejo Escolar del Estado y las entrevistas con algunas organizaciones educativas, la LOE en su edición 2020 (LOMLOE) retoma su itinerario legislativo. Lo hace como Proyecto de Ley para no volver a pasar por el Consejo Escolar del Estado, ni tampoco ahora, como entonces, por el Consejo de Estado. El trámite de enmiendas parciales en el Congreso será clave para ver en qué consisten los objetivos irrenunciables anunciados por la ministra Celaá, pues lo conocido hasta ahora no resuelve completamente esa incógnita, más allá de derogar la LOMCE cuanto antes. Las aportaciones del socio de Gobierno, Unidas Podemos, están aún por desvelarse.

Como en todas las anteriores leyes educativas, la LOMLOE presenta aspectos positivos y negativos. El talón de Aquiles en todas las reformas educativas ha sido la financiación, y en este caso, el único dato conocido es la promesa del Gobierno de que se incrementará la inversión hasta el 5% del PIB en 2025, necesitando para ello dos legislaturas como mínimo. Seguramente, algunos objetivos que compartimos, como incrementar la calidad, la equidad y la inclusión del sistema en general requieran un esfuerzo económico adicional para no quedarse en papel mojado.

Para USO, la red de centros sostenidos con fondos públicos debe ser el auténtico eje vertebrador del sistema educativo, pues la complementariedad de las redes pública y concertada es una realidad madura y consolidada que ha aportado un gran beneficio al conjunto de la sociedad española y que tiene márgenes de mejora posibles sin enfrentar las necesidades de ambas redes ni blindar a la escuela pública frente a un supuesto enemigo inexistente.

La extensión de la Educación Infantil del ciclo 0 a 3 años es una medida positiva si se lleva a la práctica dentro de la misma colaboración pública y privada que ha permitido llegar en el ciclo de 3 a 6 años a una tasa de escolarización de más del 96%. Echamos de menos ese mismo compromiso en la Secundaria post obligatoria, para extender la gratuidad universal de 0 a 18 años en toda la red de centros sostenidos con fondos públicos.

USO defiende la responsabilidad legítima y prioritaria de las familias en la educación de sus hijos. La voluntad popular expresada cada año en la preferencia de centro educativo tiene que seguir siendo un factor básico y decisivo en la programación de las plazas escolares. La presencia de la asignatura voluntaria de Religión en la escuela, la coeducación, la formación en valores cívicos y ciudadanos o la escolarización equitativa del alumnado con necesidades educativas especiales son asuntos importantes que deberían abordarse desde la confianza en todos los agentes públicos y privados que participan en nuestro sistema, evitando cualquier forma de imposición o exclusión. Esto mismo es lo que declaraba en el Congreso Isabel Celaá el pasado 20 de febrero: “Debemos dejar a un lado, como ya hicimos aquel 6 de diciembre de 1978, la confrontación interesada en visiones cortoplacistas y excluyentes”.

Desde USO no compartimos la devaluación que ha sufrido la Mesa Sectorial de negociación de la enseñanza concertada, que ha pasado del articulado principal de la Ley a una mera referencia consultiva en la disposición adicional decimoctava, ni tampoco que el artículo 117 permanece inalterado y obsoleto desde 2006 ante las nuevas necesidades y retos que afronta la escuela concertada y sus trabajadores. Es imprescindible una equiparación de plantillas con los centros públicos mediante nuevas ratios profesor/aula y también alumno/aula en el nuevo escenario que se plantea contra la denominada segregación escolar, actuación que requiere un incremento importante de los actuales módulos de concierto en sus diferentes partidas. La sobrecarga lectiva del profesorado en el sector concertado debería resolverse de manera urgente, así como culminar la equiparación salarial y laboral como factor de calidad indiscutible.

USO denuncia que es muy preocupante la situación del profesorado de Religión, que la nueva Ley conduce a una gran incertidumbre e inseguridad en un contexto que afectará gravemente al mantenimiento del empleo y al futuro de unos profesionales altamente cualificados, la gran mayoría mujeres, y con larga experiencia docente. Las expectativas laborales del colectivo no se ven recogidas en la Ley, que ha sido relegado al olvido una vez más.

Algunas medidas interesantes anunciadas por la ministra al amparo de la nueva Ley deberán desarrollarse posteriormente. Por ejemplo, el compromiso de presentar, en el plazo de un año a partir de su entrada en vigor, una propuesta normativa que regule, entre otros aspectos, la formación inicial y permanente, el acceso a la profesión y el desarrollo de la carrera docente. O también algo que es urgente en nuestra enseñanza, que es repensar en profundidad el currículo de las diferentes etapas educativas para adaptarlo a los desafíos de nuestra cultura y sociedad actuales.

Con la próxima tramitación en el Congreso se abre un nuevo periodo en el que la negociación es posible si existe voluntad por las partes. USO pedirá comparecer en la Comisión de Educación y Deporte y entablará un diálogo con los diferentes grupos parlamentarios para presentarles las propuestas de enmiendas que entendemos necesarias. Igualmente, haremos todo lo posible por mantener una comunicación abierta y fluida con el Ministerio para abordar aquellas cuestiones que puedan ser objeto de acuerdo y de mejora en la futura Ley de Educación.

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