El MEFP reúne la Mesa de la Concertada para informar sobre la desescalada en los centros educativos

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El Ministerio de Educación y Formación Profesional reunió el 4 de junio la Mesa de la Enseñanza Concertada para explicar las medidas que está estudiando de manera conjunta con el Ministerio de Sanidad con la finalidad de planificar el retorno a las aulas y el desarrollo de la EBAU 2020. Dada la incertidumbre que sigue dominando la evolución futura de la pandemia de COVID-19, se barajan distintos escenarios en los que las medidas de higiene y de separación social se graduarían de menos a más según las necesidades que se fuesen detectando.

Aunque próximamente se pueda dictar una norma de carácter general, serán las Comunidades Autónomas en coordinación con los centros educativos las que tendrán que regular los detalles del retorno a la actividad escolar plena. Las circunstancias sanitarias son las que delimitarán y condicionarán la llamada nueva normalidad en los centros docentes.

Desde USO manifestamos que nuestra preocupación principal es la protección de todos los trabajadores en el ejercicio de sus funciones, dados los continuos cambios de criterio y de medidas con las que el Ministerio de Sanidad está afrontando la pandemia desde marzo. También resaltamos la necesidad de comprometer la financiación pública que permita los incrementos de plantilla necesarios para hacer frente el curso que viene a los posibles escenarios de enseñanza presencial con una notable reducción del alumnado en las aulas, la enseñanza mixta presencial-online o incluso, en el peor de los casos, de retorno a la modalidad online plena si se produjeran nuevos confinamientos de la población.

Por último, en el apartado de ruegos y preguntas, USO volvió a exigir la retirada de la LOMLOE, que sigue su trámite parlamentario en medio de la peor pandemia que ha conocido el mundo desde 1918, provocando una inestabilidad innecesaria en el sistema educativo, cuya principal urgencia es ahora finalizar adecuadamente el curso académico y programar el siguiente en un contexto extraordinariamente difícil y complejo.

Una nueva reforma educativa de este calado y en estas circunstancias es una grave irresponsabilidad política de un Gobierno que antepone su agenda ideológica a las necesidades reales de la educación. El MEFP desmiente con los hechos lo que defiende en su discurso oficial: la posibilidad de alcanzar un mayor consenso educativo que contribuya con eficacia a la reconstrucción del país cuando se supere la pandemia.

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