El inicio del curso escolar está lleno de todo tipo de incidencias que se pueden resumir en cuatro grandes grupos: falta de personal, falta de espacios y de material higiénico y sanitario junto a problemas organizativos de todo tipo.
Todos deseamos una apertura de los centros educativos y, sobre todo, que se haga con normalidad y tranquilidad. Sin embargo, los datos que facilitan las Administraciones semana tras semana indican un agravamiento paulatino de la pandemia y, como consecuencia, crece la inseguridad social ante los posibles contagios. Esta situación afecta aún más a la comunidad educativa dada la naturaleza de su actividad: trabajo con grandes grupos humanos, niños y adolescentes para más señas, en pequeños espacios cerrados (aulas) y durante periodos prolongados de tiempo.
A fuerza de decir y repetir la verdad que conviene en cada momento, se acaba cayendo primero en la contradicción y finalmente en la mentira lisa y llana. A esto nos han acostumbrado nuestras Administraciones desde el comienzo de la pandemia, más preocupados por su imagen pública que por asumir responsabilidades, sus éxitos y sus fracasos. Se puede jugar con las palabras, pero no con los hechos. Y a ellos nos remitimos.
De la misma manera que profesores y familias están teniendo que cumplimentar en muchos casos declaraciones responsables para volver al colegio, ¿van a recibir de nuestras Administraciones otra equivalente, también firmada y por escrito, donde se garantice al 100% la seguridad y la salud en los centros educativos sostenidos con fondos públicos?
Finalmente, ha recaído en el profesorado el esfuerzo organizativo principal, adecuando las instalaciones y los medios disponibles según la capacidad de cada uno de los centros y con grandes dosis de buena voluntad. Hemos visto como la cadena de disposiciones políticas ha ido trasladando el peso de las decisiones desde el Gobierno del Estado a las Comunidades Autónomas y éstas hacia los centros. Todo el mundo parece escurrir el bulto y pasarse la patata caliente.
Una cosa es defender la seguridad que podemos o queremos conseguir con los medios disponibles para salir al paso de la necesidad, y otra cosa es afirmar que la vuelta al colegio es segura, porque no puede serlo por definición: hay un virus infeccioso dañino suelto, contagioso y actualmente con niveles de transmisión altos en muchos territorios.
Si no, que expliquen por qué son peligrosas en este momento las reuniones de más de 10 de personas,
pero no las de varias decenas de alumnos todos los días en un aula. Un alto responsable político declaraba el otro día que todos los alumnos se iban a contagiar y, por simple deducción, también los profesores. ¿Qué ha cambiado hoy con respecto al 15 de marzo?.
Desde el LSB-USO Hezkuntza exigimos que la actividad docente se lleve a cabo con un compromiso de las Administraciones y de los titulares de los centros en el cumplimiento de las mismas medidas de seguridad e higiene que se han establecido para todos los espacios públicos y privados. Nos referimos a las siguientes actuaciones:
1. Reducir el número de alumnos por aula el máximo posible. Al menos, garantizando la distancia de seguridad de 1,5 metros. Los tiempos de clase deberían acomodarse a periodos no superiores a 40 minutos para evitar un exceso de exposición interpersonal y facilitar la limpieza y ventilación de los espacios. Las Administraciones deben financiar los medios de seguridad material indispensables (mascarillas, gel hidroalcohólico, pantallas de metacrilato, etc.).
2. Hay que llevar a cabo cuanto antes una adaptación curricular con carácter generalizado para este curso excepcional y de transición.
3. Que la Administración dote ya a todos los centros sostenidos con fondos públicos con los incrementos de plantilla necesarios en coordinación con los equipos directivos. En primer lugar, priorizando ampliar voluntariamente las actuales jornadas parciales.
4. Seguimos insistiendo en la necesidad de la presencia de personal de enfermería en los centros, especialmente en los de educación especial.
5. Que el personal docente vulnerable tenga una especial consideración para no poner en riesgo su salud disponiendo las sustituciones que sean necesarias.
6. Realizar test periódicamente a todo el personal de los centros para controlar la propagación silenciosa de la Covid-19.
7. Afrontar la educación semipresencial y online aportando los medios humanos y técnicos necesarios junto a una formación básica para llevarlas a cabo con un mínimo de garantía y calidad.
8. Respetar el marco laboral vigente en la programación de la jornada docente en su totalidad. Especialmente, en el caso de la formación online, el derecho a la libertad de cátedra y a la intimidad personal, prescindiendo de la emisión generalizada de las clases ordinarias en streaming, o posteriormente sus grabaciones, sin el consentimiento voluntario y expreso del profesorado y evitando la visualización del alumnado.
9. Aplicar el derecho a la desconexión digital y a la conciliación familiar de los trabajadores del sector.
Los compañeros de LSB-USO Hezkuntza estará en contacto permanente con los trabajadores en los centros haciendo un seguimiento cercano del comienzo del curso escolar para que se cumplan las instrucciones de las autoridades sanitarias. Evaluaremos su eficacia en los distintos escenarios que puedan darse durante la actual pandemia y adoptaremos las actuaciones que consideremos oportunas en la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores.
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