Blindar las pensiones frente a las presiones de Europa

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La Comisión Europea lleva tiempo exigiendo a España una reforma del sistema público de pensiones, incluyendo “ajustes” que “moderen” el gasto en esta partida. La Comisión ha endurecido los criterios y condiciones para que lleguen a España los 77.000 millones de ayudas no reembolsables del fondo de recuperación. Hasta ahora, la única condición de los fondos era gastarlos adecuadamente para paliar los efectos de la pandemia y las dificultades socioeconómicas derivadas.

Sin embargo, el Ejecutivo comunitario exigirá ahora a los países que cumplan con el paquete de recomendaciones como condición para el desembolso de los fondos. Y la reforma del sistema de pensiones público es una de estas condiciones.

En los últimos años, Bruselas ha cuestionado decisiones del Gobierno como la vinculación de las pensiones al IPC o que se haya aparcado la aplicación del factor de sostenibilidad que las vincula con la esperanza de vida y otros factores macroeconómicos.

También las pensiones fueron exigencia de algunos países en las negociaciones previas a la Cumbre Europea de julio, en las que se decidieron los fondos de reconstrucción, siempre en el mismo sentido: favorecer la privatización total o parcial del sistema público.

La MERP defiende blindar las pensiones constitucionalmente

Por todo ello, la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones considera preocupante que la Comisión Europea utilice el argumento de la supuesta “insostenibilidad” de las pensiones para condicionar las ayudas. La sostenibilidad de las pensiones solo depende de la voluntad política, tal y como hemos podido comprobar, especialmente, en los años de crisis.

Las pensiones fueron el colchón de muchas familias en 2008, y lo van a ser en la crisis provocada por la pandemia; si los pensionistas son el sector más vulnerable y lo son especialmente ante el coronavirus; su reforma más urgente es que se las blinde en la Constitución.

Para la MERP, las presiones inaceptables de la Comisión Europea sobre el sistema público de pensiones ponen de manifiesto la necesidad de prohibir en la Constitución su privatización y la pérdida de poder adquisitivo.

El futuro de nuestras pensiones, que es el de todo el país, no puede depender de tormentas económicas, sea cual sea la razón que las provoque, del color del Gobierno, o de las decisiones de instituciones internacionales. Por ello, hay que blindarlas en la Constitución. Ni recortes. Ni privatización.

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