Multitudinaria protesta contra la falta de diálogo y consenso de la Ley Celaá

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Miles de personas han participado en las manifestaciones de protesta celebradas hoy en 50 ciudades españoles para protestar contra la falta de consenso con la que se ha aprobado la LOMLOE o Ley Celaá. “Libertad y pluralidad” han sido las palabras más repetidas en las caravanas de coches, medio elegido para garantizar la seguridad entre los participantes.

En Madrid, los vehículos han colapsado las arterias principales de la ciudad, con un recorrido por el Paseo de la Castellana, entre las plazas de Cibeles y Cuzco, y por sus calles adyacentes.

La Federación de Enseñanza de USO, miembro de la plataforma Más Plurales, defiende que aún hay tiempo para buscar consenso y contar con una ley que, por primera vez en décadas, tenga un respaldo mayoritario que permita pensar en una ley educativa a largo plazo. Así, con otra ley partidista, sin pacto de Estado, su vigencia está circunscrita al próximo cambio de gobierno.

Además de las concentraciones, la plataforma ha recabado ya más de 1,6 millones de firmas en contra de la Ley Celaá.
Los pasos de la Ley Celaá

La ya conocida como Ley Celaá o, en su nombre técnico, LOMLOE, fue aprobada el jueves 19 de noviembre en el Congreso con 177 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones. Un acuerdo débil, circunscrito a las fuerzas que sostienen al actual Ejecutivo. Y, por lo tanto, una muestra de su carácter partidista y no de Estado. Ahora, su tramitación continuará en el Senado.

Para llegar a la Cámara Baja, la LOMLOE siguió una tramitación exprés, constreñida además por la pandemia, y acelerada en sus últimos pasos para que fuera ratificada cuanto antes por la mayoría parlamentaria de gobierno.

FEUSO recalca que para debatir las 1.100 enmiendas que recibió una ley de este calado, la comisión le dedicó una sola reunión.

Por ello, la Federación de Enseñanza de USO aún llama al diálogo: “hay tiempo todavía para rectificar una ley que puede ser plural y democrática para sentar las bases del mañana”. Por ello, y a pesar de que no habido hasta ahora interés en recibir al conjunto de la comunidad educativa, FEUSO recuerda que “instaremos a los grupos políticos a que interpongan recursos de inconstitucionalidad y presionaremos en las comunidades autónomas para disminuir al máximo los efectos de la aplicación de esta norma”, propiciando que se recurra la Ley “en tiempo y forma a las instituciones europeas en busca de amparo”.

El objetivo es conseguir una ley que parta del consenso y que consiga sus metas educativas no políticas: menos abandono, mayor índice de empleabilidad del alumnado y un empleo estable para todos los trabajadores de la enseñanza, pertenezcan al tipo de centro que pertenezcan.

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