Jubilaciones anticipadas, el gobierno rectifica

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Trabajadores que fueron despedidos antes del 1 de abril de 2013, que en su día llegaron a un acuerdo con la empresa para evitar contenciosos, que firmaron convenios especiales con la Seguridad Social para poder cobrar una pensión digna, pagando de su bolsillo las cotizaciones, se encontraron este verano con la sorpresa de que su solicitud era denegada al no tener cumplidos 63 años, cuando esa misma persona unos días antes no hubiera tenido ningún problema y con 61 años le hubieran concedido su jubilación anticipada.

La jubilación anticipada ha sufrido tres reformas consecutivas, la última en 2013:
• Se elevó la edad para prejubilarse hasta los 61 años, si te despedían o hasta los 63 si se acordaba de forma voluntaria.
• El tope de la pensión de jubilación anticipada será la pensión máxima reducida en un 0,50% por trimestre o fracción de trimestre de anticipo, antes era del 0.25%.
• Se ha pasado de 15 años a 33 años cotizados para poder acceder a la prejubilación.

El 13 de Junio, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social advierte que se estaba haciendo una interpretación errónea de la Ley y dejó fuera de la posibilidad de jubilarse anticipadamente a las personas de 61 años despedidos individualmente, es decir a los que no provinieran de un ERE. Estos tendrían que esperar dos años más para poder jubilarse. En Agosto emite otra instrucción interna que restringe el derecho a jubilarse a los 61 años a los parados con subsidio mayores de 55 años con convenio especial de mejora para sus pensiones al entender que se debían considerar como asimilados a un alta a la Seguridad Social.

Este cambio de criterio afectaría según el Gobierno a 7.000 personas por cada año de los que quedan hasta 2019 (5 años) fecha en la que se acaban las excepciones y la reforma de las pensiones será de plena aplicación, en total unas 35.000 personas. Pero las cifras no cuadran teniendo que cuenta que son 132.000 las personas que tienen firmados convenios especiales con la Seguridad Social y estos cambios las colocan ante la incertidumbre y falta de seguridad jurídica.

Desde USO entendemos que es una irresponsabilidad modificar las “reglas del juego” a mitad de partido, a través de una instrucción que los propios funcionarios del INSS, han definido como “chapuza” y generando una inseguridad jurídica y económica a los afectados. Tras la movilización y demandas que se han producido, el Gobierno ha rectificado en su decisión y revisará las 1.400 solicitudes denegadas.

Así mismo, el gobierno ha llegado a un acuerdo verbal con los sindicatos “más representativos” redactar una nueva circular modificando el criterio anterior. Estamos a la espera de conocer lo que se plasme por escrito para analizar que criterio definitivamente se establece de cara al derecho a la jubilación anticipada de las personas que perdieron su trabajo antes del 1 de abril de 2013.

LSB-USO
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